El gobierno de Argentina prohibió el domingo a sus fuerzas armadas alojar en sus unidades a personas procesadas o condenadas penalmente, como se viene haciendo hasta ahora con militares sometidos a la justicia por crímenes de la dictadura de 1976 a 1983.

La decisión fue trasmitida mediante una orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré, a los estados mayores del Ejército, la Armada (Marina) y la Fuerza Aérea, según un comunicado de esa cartera.

Garré también prohibió al personal militar que custodie los traslados de los detenidos y que se encargue de notificaciones judiciales.

Defensa subrayó que los traslados deben hacerlos las fuerzas penitenciarias y de seguridad y no las fuerzas armadas, "cuya misión de defensa nacional está claramente separada de la de seguridad interior", fundamenta la disposición.

La decisión del gobierno de Cristina Kirchner se hace eco del insistente reclamo de organizaciones de derechos humanos por decenas de militares detenidos que están alojados en cuarteles y otras dependencias militares, en condiciones que esas entidades consideran de privilegio.

"Resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tiene competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos", indicó el comunicado.

Garré se ha dirigido en varias oportunidades a los tribunales que atienden casos por violaciones a los derechos humanos para solicitarles que los procesados no fueran alojados en unidades militares dado que "no constituyen cárceles".

La ministra considera, además, que la presencia de los procesados implica un "mal ejemplo" para los efectivos de esas unidades y que el hecho constituye una desigualdad ante le ley frente al resto de los sometidos a instancias judiciales.

Actualmente hay 34 militares alojados cerca de la base de Campo de Mayo en una prisión con régimen común, más una docena en un cuartel de Córdoba y otra decena dispersa en establecimientos castrenses de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Comodoro Rivadavia.