De los 9.000 centros educativos que hay entre la Sierra y el Oriente, desde el 2006 se repararon 3.000 locales. Este año la Dinse arregló 642 planteles.

Pese a la emergencia educativa decretada por el Gobierno, desde marzo del 2007, cerca de 5.300 establecimientos educativos de la Sierra y Oriente todavía no han sido reparados por la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse).

A esto se suma la tardanza en la entrega del aporte de $ 25 por alumno que el Estado prometió darles, una vez que se suspendió el cobro de matrículas.

Según Guido Rivadeneira, subsecretario administrativo y financiero del Ministerio de Educación, el 98% de los recursos ya han sido depositados, pero esta declaración se contradice con los problemas de infraestructura que poseen los centros educativos de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Azuay y Chimborazo.

No obstante, Édison Vallejo, jefe de la Dinse, dice que el Gobierno tiene previsto invertir en reparaciones 150 millones de dólares.

Además afirmó que el país no tiene necesidad de hacer nuevos planteles sino de readecuar los actuales.

Con daños en las bancas, pisos y tumbados, las clases iniciarán mañana en la Sierra y el Oriente.

Antiguos pupitres de roble, donde se sentaban hasta cuatro niños, son parte de los insumos que ya no se usan en la escuela Manuel Guzmán, del caserío Zhamar, en la parroquia Jima, en Azuay.

En este establecimiento, la falta de mobiliario no es la mayor preocupación de maestros y padres de familia, sino más bien el estado de las paredes del aula más grande que, según Martha Zhunio, de 48 años, se creó hace más de 60 años, pues ella misma se educó allí.

La construcción de bahareque (lodo y carrizo), de ese entonces, prevalece, aunque para precautelar el desgaste en varias ocasiones los padres de familia revistieron el material con cemento; pero desde el año anterior la comunidad no puede detener el cuarteamiento de las paredes que colindan con las habitaciones de la directora del establecimiento.

Para los rectores de este y otros centros educativos de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Bolívar y Chimborazo, algunos establecimientos no se han podido arreglar porque el aporte de $ 25 que el Gobierno se comprometió a entregar, una vez que suspendió el cobro de las matrículas, todavía no llega.

Aproximadamente, 5.300 planteles faltan por reestructurarse entre la Sierra y el Oriente, según Édison Vallejo, jefe de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse). Aclara también que el país no tiene necesidad de nuevos planteles, sino de rehabilitar los existentes, para lo cual, a partir de la declatoria de emergencia educativa decretada en marzo del 2007, se realiza una intervención integral anual del 10%.

Guido Rivadeneira, subsecretario financiero del Ministerio de Educación, señala que los cambios no se los puede hacer de la noche a la mañana, y que el Gobierno trabaja en el arreglo integral de los establecimientos y para ello cuenta con un presupuesto de 150 millones de dólares.

Además, Vallejo manifiesta que de los 9.000 centros educativos que hay entre la Sierra y el Oriente, desde el 2006 se arreglaron 3.000 establecimientos, mientras que en este año fueron intervenidos 543 planteles en la  Sierra, con una inversión de $ 44 millones, y 99 centros educativos en el Oriente por un valor de  $ 8,3 millones.

De los 543 centros que se repararon en la Sierra, 89 pertenecen a Quito.

Henry Espinoza, encargado de las obras que realiza la Dinse en Bolívar, dice que en esta provincia se están arreglando actualmente once establecimientos fiscales, con un costo  de 700.000 dólares.

Sin embargo, dice “la nueva política del Ministerio de Educación es hacer rehabilitaciones totales; antes, nosotros arreglábamos el techo, las baterías sanitarias y un aula en varias escuelas; antes, con 100.000 dólares hacíamos diez reparaciones, ahora hacemos una, dos, máximo tres”.

Además, reconoce que en la parte alta de Guaranda, en especial Salinas, no hay escuelas y falta agua, “los niños estudian en unos cuartitos pequeñitos oscuros; no tienen mobiliario, no tienen pisos; hay treinta o cuarenta niños en un aula, este sector necesita unos 3 millones de dólares en arreglos”.

Mientras tanto, Olga Rivadeneira, rectora del centro artesanal fiscal La Paz, indica que en el edificio, ubicado en la calle Guayaquil y Galápagos (Centro Histórico de Quito), funcionan actualmente cinco instituciones educativas en tres jornadas diferentes, que solo cuentan con dos baterías sanitarias para 200 alumnos.

Canela Calero, rectora del colegio Salcedo, en Cotopaxi, cuando se enteró de que el aporte de los padres de familia sería eliminado, pidió la colaboración de los estudiantes.

Ahora, el único problema es que no se asignaron pupitres extras, con lo que se ha limitado el número de alumnos.

Cotopaxi
Escuelas suburbanas no reciben ayuda para arreglar mobiliario
En la escuela Otto Arosemena, ubicada en el norte de Latacunga, cerca de 500 niños de las parroquias rurales de San Buenaventura y Joseguango Bajo,  no han recibido los aportes del Gobierno que antes entregaban los padres de familia.

Yolanda Álvarez, directora del establecimiento, señala que pese a gestiones realizadas solo han podido recibir el apoyo del Consejo Provincial que está construyendo dos aulas que las entregará a mediados de este año; mientras tanto, los niños y sus maestras se acomodarán en aulas ambientadas para el funcionamiento de dos espacios físicos.

Asimismo, indica que no reciben pupitres hace años y los de metal están desgastados y algunos, incluso, son un peligro para los chicos,  por lo que los desecharon y junto con padres de familia restauraron algunos y los pintaron. Ahora esperan que la Prefectura de Cotopaxi o que el Municipio de Latacunga les done pupitres, en especial para las nuevas aulas.

Imbabura
Instituciones con problemas antes de empezar nuevo periodo
Los niños de quinto y sexto año de básica de la escuela Nueve de Octubre, en San Antonio de Ibarra, Imbabura, no podrán ocupar sus aulas y tendrán que acomodarse en los espacios que desde el periodo anterior prestó la escuela Juan Montalvo.

Aún no termina la construcción y rehabilitación de los salones que el pasado 25 de julio fueron derribados debido a la vetustez y el peligro que representaban para los estudiantes.

Desde esa fecha hasta la actualidad vienen trabajando un grupo de obreros para poner a punto la nueva infraestructura que, según el contratista, recién estará lista para la primera semana de octubre.

La escuela 24 de Mayo, en Atuntaqui, es otro de los planteles en los que se hacen trabajos de remodelación. El plantel no abastece el número de estudiantes (aproximadamente 650)  y por eso se construyen cuatro nuevas aulas.

Por eso, según Rodrigo Andrade, director de esta escuela, pedirán a la Dirección de Educación la postergación de una semana para el inicio de clases.

Bolívar
Centro educativo reclama sala de cómputo en  Guapoloma
Cristóbal Romero, director de la escuela Heriberto González, ubicada en el recinto Guapoloma, en la provincia de Bolívar, indica que la matriculación es regular desde el 12 de agosto, aunque los padres esperan hasta la primera semana de septiembre para matricular a sus hijos, una vez que han vendido los productos de la cosecha, por tratarse este sector de una zona agrícola.

Romero dice que es necesaria la construcción de un aula para computación, porque asegura que actualmente una de las cuatro computadoras que posee esta escuela permanece resguardada en casa de uno de los profesores del establecimiento, mientras que las otras tres comparten un espacio en el aula de recreación, donde además hay una pequeña biblioteca. 

Además, necesitan nuevos pupitres y la reparación de las baterías sanitarias. El director dice que las autoridades hicieron un mal trabajo en la reparación de baterías sanitarias con los fondos estatales.