En una carta al contralor Carlos Pólit, el ex presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, pide a la Contraloría que "reelabore" el informe, separando los  temas en los que existirían indicios de responsabilidad penal (las firmas) "y como tales están sometidos a la reserva establecida en el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal", de los que "en el peor caso podría establecer responsabilidades administrativas o civiles".

Según  Cordero, el informe de Contraloría consta de tres partes: el informe general  de 92 folios, el informe técnico pericial de 260 folios y un memorándum suscrito por Darwin del Castillo, abogado de la Contraloría. El ex presidente se compromete  a "hacer llegar" documentación adicional como: informes mensuales presentados por los asesores, roles de pago  y transferencias.

Las responsabilidades administrativas y civiles que se establecen en el informe de Contraloría que solo tiene Cordero y Pólit tienen que ver con gastos de viáticos y pagos de publicaciones injustificados.