Sostengo que es necesario pensar el derecho desde el punto de vista de los más desaventajados, de los que están peor situados en una sociedad.  Esta idea, en apariencia, la compartimos todos: nadie sostiene en público una postura que discrimine a los desaventajados y, en política, todo se supone que se ejecuta en beneficio de ellos.  Las constituciones, desde la fundación de la República, han expresado con mayor o menor nitidez esta preocupación por los más desaventajados y una aspiración igualitaria.  Pero mucho lo sabemos: la realidad ha sido otra, profundamente discriminadora e inequitativa.  Esto, porque en la práctica y en el desarrollo cotidiano, el derecho usualmente se ha vinculado con los intereses de una minoría que lo escribe, lo aplica, lo interpreta y lo utiliza en beneficio propio.

Ya la primera Constitución del Ecuador en su artículo 11 contiene una clara referencia a la igualdad a pesar de la profunda discriminación que imponía su principal fuente para financiar el Estado: el cobro de un tributo a los indígenas, por el solo hecho de serlo.  Esta esquizofrenia constitucional se repite a lo largo de todas las constituciones.  No será necesario, sin embargo, llegar tan atrás: veamos la Constitución de 1998 y sus promesas: la igualdad ante la ley (artículo 23 numeral 3) y la garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna (artículo 17) que incluye un amplio catálogo de derechos civiles y políticos (artículos 23 al 29) y una vastísima cantidad de derechos sociales (artículos 30 al 82). Y sin embargo… Otra constitución esquizofrénica: en la práctica nos niega la mayoría de lo que promete.

No se tiene una sola explicación para esta “esquizofrenia”, para este tránsito engañoso desde la promesa del derecho de preocuparse de los más desaventajados hasta su cotidiana ruptura.  Se podría invocar el egoísmo de las élites, la idiosincrasia de los habitantes, la corrupción, los malos diseños institucionales, y un largo etcétera.  Hay discursos que han participado del engaño: discursos como aquel de primero el desarrollo que luego nos ocupamos de los problemas sociales, o discursos de cambio social que resultaron simples y viles mentiras (pienso en Gutiérrez, en Bucaram).  Pero no me interesan tanto los discursos engañosos como el derecho efectivo que los ciudadanos podemos y debemos reivindicar.

Llego, en este punto, al núcleo de mi columna.  El país vive un momento crucial.  El 28 de setiembre en un referéndum decidiremos una nueva Constitución.  No se les puede imputar a quienes las escribieron formar parte de las élites; no se les puede imputar a quienes las escribieron falta de preocupación por aquellos que han sido, desde los inicios de este país, los desaventajados de siempre: los indios, los negros, los montubios, los homosexuales, los no católicos, en definitiva y como es usual, los más pobres.  Pero sí se les puede imputar a muchos que tanto critican la nueva Constitución no discutir (por conveniencia o por falta de ideas, no lo sé) los derechos, las garantías y los mecanismos que se diseñaron y que proponen hacer efectivas las promesas y las ideas que todos, en apariencia, suscribimos.  Hay que exigir y proponer ese debate.  Y si la Constitución se aprueba, habrá que demandar el cumplimiento de sus promesas, tarea que nos corresponde, en uso de las garantías y de los mecanismos de participación y exigibilidad, a todos los ciudadanos.