Según la Ley de Educación, en un plantel por cada 300 alumnos debe haber un orientador.

Dos escritorios de madera, un ventilador viejo y tres archivadores deteriorados son el escaso mobiliario del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) del colegio fiscal técnico Camilo Ponce Enríquez, en la Prosperina.

En una aula que no existe privacidad, pues las ventanas no tienen persianas, y que es compartida con inspectoría general, las orientadoras Noemí Vera y Teresa García, quienes trabajan por contrato, atienden a diario a los alumnos durante la mañana, tarde y noche.

Las dos profesionales junto con la vicerrectora, Elsa Berrones, son las encargadas en este plantel, que tiene 863 alumnos en las tres jornadas, de conocer y tratar a diario los problemas sociales y económicos, de bajo rendimiento académico, maltrato, desunión familiar o mala conducta del estudiantado.

“Tenemos que hacer el trabajo de padre y madre, de maestros y orientadores”, comenta Berrones, al señalar que ha perdido la cuenta de los oficios enviados a la Subsecretaría de Educación solicitando partidas, entre ellas, de tres orientadores, pero sin respuesta.

Ante la falta de personal, las invitaciones de entidades como el Banco Central y la Universidad Católica, para dar charlas sobre valores, trata de personas, educación sexual, han sido una ayuda para los jóvenes.

Las orientadoras además imparten las materias de desarrollo del pensamiento y desarrollo personal social, que están dentro del Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica. Ellas también dictan charlas y entrevistan cuando el caso lo amerita con los padres e hijos, quienes se firma un acta de acuerdo-compromiso.

Según el artículo 124 del reglamento general de la Ley de Educación, el DOBE en los establecimientos de nivel medio debe estar integrado por el orientador que lo dirige, un médico, un trabajador social y otros profesionales necesarios. En el Camilo Ponce no hay psicólogo clínico, médico, odontólogo ni trabajadoras sociales.

Gloria Ramírez, jefa del DOBE de la Dirección Provincial de Educación, manifiesta que según la Ley de Educación vigente, por cada 300 alumnos debe existir un orientador, pero hay colegios que ni siquiera cuentan con uno.

Ramírez señala que en la provincia, 123 planteles funcionan sin departamento de orientación. “Hay colegios que tienen personal por contrato, pero este no siempre cubre las expectativas de los planteles, porque hay orientadoras que deciden dar cátedra porque el trabajo del orientador es arduo y en otros casos se van”, comenta.

La funcionaria dice que son los rectores de los planteles quienes deben buscar la manera de encontrar el personal.
“Son poquísimos los colegios que cuentan con un DOBE completo”, agrega. Uno de ellos es el del Instituto Técnico Superior Guayaquil, que es considerado como modelo.

Allí el DOBE funciona en una oficina amplia con seis orientadoras, dos trabajadoras sociales, dos psicólogas clínicas, una orientadora profesional, una pediatra y una ginecóloga, dos odontólogos, un laboratorista y coordinadora.

Además tienen un banco de lentes y otro de uniformes.
El primero permite a las alumnas y hasta padres acceder a un chequeo y obtener anteojos a bajo costo, y el segundo, regalar a las alumnas que no tienen recursos económicos los uniformes que donan las egresadas.

Miriam Delgado, coordinadora del DOBE en este plantel, dice que ellos no solucionan los problemas de las alumnas sino que las ayudan a descubrir cómo resolver estas situaciones de estudio, familiar, personales e incluso económicas.

Delgado expresa que el Ministerio de Educación planifica cursos de mejoramiento para los maestros en general, pero no para las orientadoras.

Comenta que por iniciativa del plantel, del profesional o las invitaciones de organizaciones particulares que realizan proyectos como la trata de personas, educación sexual, etcétera, se mantienen capacitados.

Ramírez expresa que se ha iniciado en los planteles de todo nivel una capacitación del Código de Convivencia para mejorar la calidad educativa. “Va dirigido a toda la comunidad educativa, desde el rector hasta el auxiliar de servicio”.

Necesidades educativas
Según la jefa del DOBE de la Dirección Provincial de Educación, las psicorrehabilitadoras deberían trabajar en el octavo de básica, que son niños y niñas de escuelas que tienen el cuidado de conocer si tienen o necesidades educativas especiales.