La familia  Cuasaput Morales, que hace ocho días perdió al pequeño Brayan, de 10 años, cuando le estalló una granada de fusil, necesita ayuda económica, psicológica y jurídica.

Rodrigo Cuasaput, jefe de la familia de seis miembros: los padres, tres niñas y un varón, dice que la falta de recursos económicos hizo que rentaran la hacienda para criar ganado, “pero la mala suerte nos trajo desgracias”.

Al rato, bastante conmovido aún, asevera: “Estamos más endeudados que nunca, no tenemos dinero ni para los pasajes, peor podremos seguir los juicios para lograr que el Estado nos indemnice por la pérdida de nuestro pequeño hijo”.

El fiscal Mario Martínez sugirió a la familia acudir ante la Defensoría del Pueblo  para que sus derechos sean garantizados. Al momento el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Santamaría, ya conoce del tema y realiza el trámite sobre las acciones legales que  deberá  seguir la familia para lograr que el Estado reconozca una indemnización.

La Junta Protectora del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Tulcán, que también conoce del tema, se apresta a dar ayuda psicológica a la familia y especialmente al hermano de Brayan, Jhonatan, quien estuvo presente cuando ocurrió el accidente y fue quien avisó a sus familiares de la desgracia ocurrida en la casa de hacienda donde cuidan ganado.

La Junta Protectora, además ha llamado a audiencia al comandante del Batallón de Infantería Motorizado (Bimot), mayor Galo Molina, para que explique la “negligencia” cometida en el polígono militar.