Todo esto es muy grave porque los hechos que se exhiben (firmas falsas) tienen un valor como prueba muy grande, y porque han merecido la atención del Contralor ratificado en su cargo por la  ex Asamblea Constituyente. Es inadmisible, por ende, que el informe de Contraloría permanezca en secreto y que los dos ex presidentes de la Asamblea –responsables administrativos y políticos de ese organismo– insistan en minimizarlo. Uno de ellos acaba de decir que lo máximo que podría ocurrir si se llega a comprobar alguna irregularidad es que los asesores involucrados tengan que devolver el dinero. El ex funcionario olvidó que la falsificación de firmas y el peculado son delitos castigados con cárcel, por lo que son los jueces los únicos que podrán emitir un veredicto.