Desde las altas esferas del Gobierno se nos ha querido convencer de que este es un régimen de manos limpias, que tiene entre sus virtudes la honestidad y la lucha contra la corrupción. Por supuesto, con tanta publicidad oficial, el ciudadano común se engaña fácilmente.

Lo grave es que la traición a la revolución ciudadana y la corrupción no han podido hasta ahora ser desentrañadas, probablemente por la ausencia de una auténtica fiscalización.

¿Acaso no fue corrupción el pedido de obras para regeneración urbana en Montecristi?

¿No es corrupción que el arquitecto Fernando Cordero no haya mostrado al país el informe realizado por la Contraloría a las actividades administrativas de la Asamblea?

¿No es corrupción que ni el economista Acosta ni el arquitecto Cordero ni la Procuraduría hayan atendido pedidos de entrega de los informes de trabajo de Roberto Viciano presentados formalmente los días  11 y 12 de junio del 2008, sustentados en la Ley de Acceso a la Información Pública?

¿Por qué no se han iniciado los procesos penales por las ilegítimas declaratorias de emergencia que han permitido contrataciones millonarias a dedo, violatorias de la Ley de Contratación Pública, que han beneficiado a un pequeño puñado de empresas?

¿Acaso no fue corrupción la grabación de los famosos Pativideos y acaso no es corrupción la utilización de recursos públicos en la promoción del referéndum?

Algunos, seguramente pedirán pruebas, a sabiendas de que las coimas, por ejemplo, no dejan factura. Sin embargo, gracias al ex asambleísta Galo Lara, quien ha hecho públicos algunos de los informes del asesor español Roberto Viciano (enero y febrero del 2008),  ahora los ecuatorianos sabemos algo de la verdad de lo que realmente ocurrió en Montecristi y por supuesto, por fin sabemos cómo se elaboró y quién redactó algunos mandatos y algunos artículos de la Constitución.

Según el informe indicado, Viciano y su equipo corredactaron el Mandato Nº 2; elaboraron “documentos insumo  sobre estructuración, organización y elección de los jueces…”, participaron en la “redacción de una primera propuesta de articulado sobre el capítulo referido al Poder Ejecutivo” y redactaron un borrador del Mandato Nº 4; trabajaron “en la redacción de una reformulación de la propuesta de índice…”, en la “elaboración de un cronograma indicando las distintas fases y fechas para la aprobación del nuevo texto constitucional”; analizaron qué “aspectos se puede recuperar” de la propuesta de la Conaie, “especialmente en materia de plurinacionalidad y derechos de los pueblos indígenas”; elaboraron “un listado de argumentos para que los asambleístas de Acuerdo PAIS puedan defender nuestra propuesta de índice”; presentaron “una redacción de articulado en el capítulo referido a los tratados internacionales”; participaron en una reunión en la que se conformó una Comisión Jurídica “encargada de hacer un último repaso a todos los textos de articulado de la Constitución, antes de llevarlos al pleno de la Asamblea”.

Si estas actas son auténticas, no cabe ya duda de quiénes redactaron la Constitución y de qué forma. No cabe ya ninguna duda de que incluso los mandatos, que supuestamente eran la expresión máxima de los Plenos Poderes de ecuatorianos escogidos por el pueblo, fueron redactados por asesores extranjeros.

¡Soberanos traidores y soberanos corruptos!