El informe final de la Comisión de la Verdad sobre la guerra interna en Perú entre 1980 y 2000 cumplió este jueves cinco años en medio del reclamo para que las Fuerzas Armadas pidan perdón por crímenes contra los derechos humanos, pero con la negativa castrense a hacerlo.

Tras un lustro de divulgado el informe, el gobierno del presidente Alan García es acusado de tener poco interés en castigar a los militares que perpetraron crímenes contra los derechos humanos en las dos pasadas décadas.

El filósofo Salomón Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) -ahora desactivada- urgió a las Fuerzas Armadas a "ofrecer disculpas al pueblo peruano por no haber estado a la altura de su uniforme".

"Eso de que no hay que pedir perdón porque (el conflicto) ya pasó, es un argumento inválido, los crímenes no pasan, el tiempo no borra la desgracia que tuvo el Perú", afirmó Lerner en rueda de prensa.

El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, opinó en contrario al estimar que pedir disculpas es "poner de rodillas" al Estado y que ese planteamiento "es un error".

La víspera el jefe del ejército, general Edwin Donayre, también se mostró reacio a que las Fuerzas Armadas ofrezcan excusas al país por los excesos militares y anotó que "nadie ha pedido perdón" por los militares muertos en la guerra.

Lerner lamentó que los mandos militares no hayan leído el informe de la CVR que en una de sus conclusiones "reconoce la sacrificada labor que los miembros de las FFAA realizaron en los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los valerosos agentes que perdieron la vida o quedaron discapacitados".

El informe de la CVR, divulgado el 28 de agosto de 2003, acusó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso de ser el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado que desencadenó en 1980 y que dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos.

Pero también culpó a las Fuerzas Armadas de aplicar una política sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos en ciertos lugares del país en el combate a esa agrupación armada.

Los ex miembros de la CVR han señalado que hay falta de compromiso del gobierno con las víctimas inocentes de la violencia y que el ministerio de Defensa pone trabas para dar información sobre militares sospechosos de crímenes.

Sin embargo reconocen que hay algunos avances como juicios a militares autores de crímenes.

Esas críticas llevaron al primer vicepresidente, vicealmirante en retiro Luis Giampietri, a acusar a la CVR de "no haber aportado nada por la pacificación y de haber polarizado al país".

Para el ex comisionado Lerner, Giampietri "poco puede hablar de pacificación porque participó activamente en la guerra y en graves acciones que son cuestionadas", como el sofocamiento de un motín en la isla-presidio El Frontón, en 1986, durante el primer gobierno de Alan García, con saldo de más de un centenar de muertos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el obispo Miguel Cabrejos, salió en defensa del informe de la CVR al afirmar que "permitió conocer la realidad de lo ocurrido durante el conflicto interno", remarcando que la impunidad genera corrupción generalizada, desorden social e ilegalidad.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, estimó por su parte que se evidencian algunos avances en el resarcimiento a las víctimas pero que "hay muchas tareas pendientes".

Merino consideró inadmisible que se produzcan trabas a las investigaciones a militares involucrados en crímenes porque "sólo favorecen la impunidad".