Respuesta.

Los servidores públicos amparados en la Ley de Servicio Civil  y Carrera Administrativa somos “neutrales” y no adoptaremos ninguna posición institucional frente al proyecto de nueva Constitución,  aclaró ayer el presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador,  Miguel García.

El lunes el subsecretario de Coordinación Política e integrante del buró de Alianza PAIS, Eduardo Paredes, dijo que es “obligación” de los empleados que trabajan para el régimen hacer campaña por el Sí. “Ellos deben apoyar los cambios impulsados en el país, para eso fueron designados por el Presidente de la República”, aseguró. 

García defendió la imparcialidad de los trabajadores y subrayó que nadie  puede obligar a los burócratas a impulsar  un determinado proyecto político y mucho menos con una imposición.  “Nosotros no trabajamos para un Gobierno en particular sino para el Estado”.

Sin embargo, el dirigente aclaró que  hasta el momento no ha existido ningún  acercamiento por parte de las autoridades del régimen para obligarles a trabajar por el Sí en la campaña electoral.

Consideró que los involucrados son los más de dos mil trabajadores de libre remoción que entran al sector público cada cuatro años con el cambio de gobierno.

La Federación realizará mañana  un pronunciamiento oficial, pero adelantó que  la tendencia es la “neutralidad” frente al proceso.

El presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Ayala, dijo que existe total independencia de este sector sindical ante el referéndum del 28 de septiembre. “En ningún momento se han acercado las autoridades del Ministerio para hacer campaña. Lo que hemos hecho por nuestra cuenta es analizar el  tema eminentemente  laboral para ver cuál es el beneficio o perjuicio”.

La presidenta encargada de los trabajadores del Ministerio de Compañías, Anabel Vinueza, señaló que por iniciativa propia  han repartido a todos los empleados un ejemplar de la nueva Constitución para la difusión del proyecto. “Nadie nos ha dicho nada y además, obligar a hacer proselitismo político está  prohibido en  la Constitución en vigencia”.

Mientras tanto, el contralor general del Estado, Carlos Pólit, volvió a advertir que la institución estará vigilante y anticipó sanciones conforme a la ley, sobre el uso de los bienes públicos como soporte de la campaña electoral.

Pólit advirtió, además, que los funcionarios públicos que utilicen los bienes y recursos del Estado (autos e infraestructura) en la campaña electoral pueden ser destituidos.