Recurso.

La intención del ex asambleísta León Roldós (RED), de presentar un amparo constitucional ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gómez, molestó a esta autoridad, considerando que la Ley no le otorga competencia para tramitar esas acciones.

Esa disposición legal fue comunicada a Roldós cuando se comunicó vía telefónica con Gómez Mera para solicitarle una cita, a fin de entregarle públicamente un recurso de amparo que intentaba desvelar los supuestos cambios irregulares que sufrieron los textos constitucionales, en la última sesión de la Asamblea.

En declaraciones públicas de ayer, Roldós se declaró horrorizado por la actitud de Gómez Mera, ya que a su juicio no podía negarse a recibir el amparo, pese a que ese recurso sea desechado luego.

Por esas expresiones, Gómez Mera se mostró sorprendido, ya que los jueces no pueden tramitar ninguna acción que no sean las previstas en la Ley. “Esa fue mi respuesta y le agradecí su oferta de pasar a la historia (de Roldós), porque lo que me interesa es cumplir mis funciones de juez”, dijo.

Gómez Mera se pronunció, momentos antes de la reunión que mantuvo con los funcionarios judiciales, en el marco de las jornadas académicas que emprendió el pleno de la Corte Suprema para analizar el proyecto de Constitución, que a juicio de los ministros es inconveniente para la administración de justicia.

A diferencia de otros sectores, los judiciales se pronunciaron a favor de los cambios constitucionales aprobados por la Asamblea.

Según el presidente de una facción de la Federación de Trabajadores Judiciales, Fidel Chiriboga, la Asamblea recogió las propuestas de la gratuidad de los servicios de justicia y del respeto a la carrera judicial.

Mientras tanto, los magistrados aún analizan una posición definitiva sobre el proyecto constitucional. Pero hasta el momento mantienen una tesis de que si gana el Sí en el referéndum, habrá una renuncia masiva de los magistrados.

Ante ello, los ex asambleístas de PAIS barajan la posibilidad de nombrar a los magistrados de cortes superiores para llenar el vacío que dejará la posible renuncia de los ministros y, sobre todo, para impedir la paralización de la justicia.