En la edición del 23 de agosto de Diario EL UNIVERSO aparece un artículo señalando que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil anuncia sanciones antes de investigar los infaustos acontecimientos del sábado 16 de los corrientes, que son de dominio público; y en la página que subsigue, reseña que yo como rector, anticipo expulsiones, debido a lo que se pueda considerar como gestos obscenos en contra del Presidente.

Al respecto, debo puntualizar lo que efectivamente resolvió el Consejo Universitario que es el órgano máximo de decisión de nuestro centro de estudios, el cual de forma alguna adoptó resoluciones que puedan significar sanciones o expulsiones. Antes bien, precisamente para que exista una absoluta identificación con las garantías constitucionales del debido proceso, se conformó una comisión investigadora del más alto nivel, no identificada con grupo o partidismo político alguno, a efecto de que analice los antecedentes, los hechos mismos y establezca conclusiones, en las que de ninguna manera se recomienden sanciones; lo que es privativo del Consejo Universitario, el que determinará si corresponde o no su aplicación dentro de lo que prescribe el régimen disciplinario interno, que actúa libre y soberanamente, sin que pueda influir opinión o criterio ajeno a la Institución, que no admite injerencia alguna en su autonomía.

Esta comunicación tiene por objeto también hacer conocer que el Consejo Universitario, en su sesión del día 22 de agosto, resolvió por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de Consejo Universitario, en la cual consta que este organismo no conoció de ninguna invitación a la que se refiere el Presidente de la Feuc-G, Eduardo Sánchez, y aún más se informó que seguramente no se iba a producir por su ausencia del país. Hay que anotar que el mismo señor Sánchez aprobó el acta a la que hago mención.

2.- Conformar una comisión del más alto nivel ético y académico, integrada por distinguidos, imparciales y prestigiados docentes universitarios para que analice los antecedentes de los hechos que lamentamos, los sucesos del día 16 de agosto y las conclusiones que correspondan, dentro de un plazo perentorio.

3.- Se concedió asimismo por unanimidad un apoyo del Consejo Universitario al rector, lo que significa que existe total identificación con los principios de defensa de la institucionalidad, de la autonomía universitaria y de los postulados de ciencia y fe que identifican a nuestra alma máter.

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4.- Se aprobó la decisión del Consejo Universitario a efecto de que comparezca el rector ante el Ministerio Público, a través de la Asesoría Jurídica de la Universidad, con la finalidad de proteger la presunción de inocencia de estudiantes acusados de supuestos actos de agresión al Presidente. Asimismo, se deberá establecer las responsabilidades, no solo de la Fuerza Pública, sino también de grupos que pudieron haber sido adiestrados para reprimir cualquier protesta estudiantil, lo cual en uno u otro caso, implica una violación a la autonomía universitaria establecida en el artículo 75 de la Constitución Política aún vigente, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, por el ingreso de la Fuerza Pública sin requerimiento ni autorización del rectorado, lo que desnaturalizó la natural protección que la seguridad presidencial debe dar al Primer Mandatario, y provocó los incidentes cuando ya este rectorado había no solo garantizado, sino controlado, el disgusto y la euforia de un sector estudiantil; por lo que consideró un uso indebido de la tribuna universitaria en actos de política partidista ajeno al debate ideológico.

En los reportes propios que constan en nuestro poder, se anota también que se utilizaron medios de represión exagerados, tales como el uso de gas pimienta que provocó quemaduras e inflamaciones en el cuerpo y rostro de estudiantes de ambos sexos, lo que los obligó incluso a despojarse de algunas prendas, hecho que explica algunas tomas de televisión que pudieran considerarse inadecuadas.

En definitiva, ni se han anticipado sanciones, ni menos expulsiones, sino exclusivamente la investigación que corresponde para efectos de determinar responsabilidades si las hubiere, dentro de las cuales, nadie, ni el rector, podrá eximirse en función del principio de igualdad ante la ley.

Michel Doumet Antón,
doctor, rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil

Los diarios informan frecuentemente sobre viajeros latinos en Madrid, y del trato humillante que reciben.

En los años cuarenta España estaba aislada de la comunidad internacional y su pueblo sometido a una hambruna terrible. Entonces, es Argentina, el primer país que rompe este bloqueo y, a través del envío de alimentos, alivia la situación.

Quizás no valga la pena hacer  alharaca del tema porque la vida da  vueltas. Tal vez algún día veamos en un tren latinoamericano a un extranjero tocando gaita por unas monedas.

Alberto Mazzini Jaramillo,
Buenos Aires, Argentina

Cuando viajamos a Europa y Estados Unidos, podemos pasar un vía crucis. Entiendo la paranoia norteamericana después de los brutales ataques, pero otra cosa es atentar contra nuestros derechos humanos, y en esto han encontrado aliados en Europa; ¡si nuestro Presidente fue vejado en migración de Miami, imagínense lo que sufrí como modesto ciudadano que tengo bastante teñida la piel!

Pero en nuestro país se inicia el maltrato con nuestros agentes que faltando cinco minutos para zarpar el avión, lo hacen a uno bajar y lo obligan a abrir las maletas, para casi siempre descubrir que nuestros compatriotas “trafican”: un caldo de salchicha congelado, dos cebiches de camarón, una tarrina de cangrejo, dos libras de mote y tres de choclo; y medio litro de aceite achotado. En mi caso “traficaba” una funda de cocadas y dos unidades de borojó. Luego de elevar el índice nervioso al máximo nivel, autorizan su partida y uno cree que el vía crucis terminó.

Al llegar a Miami, lo llevan una habitación de migración, le hacen preguntas en su mayoría racistas, y dejan entrever que es probable que lo retornen a su país. Después del interrogatorio que puede durar horas (en mi caso solo duró una) pude tomar mi avión hacia Europa, objetivo de mi viaje. Siempre pensé que los europeos serían agradecidos de los americanos (no los del norte) que les permitimos apoderarse –en nombre de la civilización y el poder durante más de 500 años– de nuestras riquezas, no pagando nada o muy poco como hoy. Holanda, mi destino, no era la excepción de ese pensamiento mío.

En Europa fui sacado de la fila de migración y llevado a un cuartito, hasta que apareciera un funcionario que hable nuestro idioma para interrogarme junto a otros tres ecuatorianos interandinos. Terror teníamos los cuatro de que vayan a descubrir el “tráfico” de mote pillo..., y mis cocadas y borojó. Nuevas preguntas, análisis a los pasaportes... y ante la prueba número once que presenté de la buena intención de mi viaje a Holanda, me autorizaron ingresar al país, mientras los tres compañeros no podían convencerlos. Así pasé luego cuatro días en Holanda y después al salir, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, al querer ingresar al avión (era segundo en la fila), otra vez fui sacado por funcionarios de la aerolínea, de manera indelicada. Vi pasar a todos y pedí murmurando con temor, que me atendieran, habían pasado más de 40 minutos. Más tarde, otro funcionario dijo algo que parecía un llamado, y trajo a un caballero que en español me hizo preguntas, colocó un adhesivo que aún conservo en mi pasaporte, y autorizó mi salida hacia Estados Unidos.

Nuestras cancillerías, embajadas y Defensorías del Pueblo deben alertar a los ecuatorianos y prepararlos qué deben llevar y protestar por el trato de quinta clase que dan, aunque nuestros pasajes sean de primera categoría.

Jorge Guzmán Mancilla,
ingeniero, Guayaquil