Los prefectos opositores de Bolivia anunciaron este miércoles nuevas protestas, sólo horas después de pedir la mediación de la Iglesia Católica y de la OEA para impedir que el Gobierno de Evo Morales ponga en marcha el proceso de aprobación final de una nueva Constitución.

La solicitud de mediación y la decisión de endurecer protestas que en las dos últimas semanas tuvieron poco impacto se sucedieron en momentos en que Morales se disponía a partir en una gira de una semana por Libia e Irán en busca de inversiones para la industria boliviana de hidrocarburos.

No se conocían, entretanto, respuestas oficiales de la Iglesia ni de la Organización de Estados Americanos al pedido de mediación hecho después de que Morales advirtiera que si no avanza el diálogo político recurriría a decretos para acelerar lo que denomina como una revolución indigenista y socialista.

Esas reformas, que Morales busca consolidar con la nueva carta magna, han sido bloqueadas desde principios de año por procesos de autonomías alentados por la oposición conservadora, en una pugna de poder que según la Iglesia Católica y observadores internacionales puso en riesgo la paz y la unidad de Bolivia.

Tras enviar sendas cartas a la Conferencia Episcopal y a la OEA pidiéndoles "facilitar el proceso de diálogo y reconciliación", los prefectos de Santa Cruz y otros cuatro de los nueve departamentos bolivianos emitieron en la ciudad de Villamontes una nueva declaración de desafío al Gobierno.

"En caso de que el Gobierno nacional quiera imponer su ilegal referendo (para aprobar la nueva Constitución) los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios", dijeron los prefectos en el documento, según radios locales.

Agregaron que seguirán bloqueos de carreteras iniciados el lunes en la región sudoriental del Chaco, donde están las reservas de gas del país, en apoyo a las demandas de autonomías regionales y devolución de parte de un impuesto petrolero destinado por Morales al pago de una renta de ancianos.

 CUARTO INTENTO DE DIALOGO

En un ir y venir de presiones, los prefectos rebeldes cuestionaron en meses pasados a la OEA y a sectores de la Iglesia Católica, a los que llegaron a considerar próximos al Gobierno, y hace dos semanas rechazaron una agenda gubernamental de diálogo.

Insistieron en que el Gobierno pretende "imponer su visión política y su ilegal reforma constitucional (...) desconociendo las legítimas aspiraciones de varios departamentos".

Los prefectos dijeron también que el reciente referendo revocatorio de mandatos, del cual Morales salió fortalecido con un respaldo de más del 67 por ciento de votos, "no ha contribuido a la solución de los problemas estructurales del país, al contrario, ha profundizado las contradicciones existentes".

En respuesta, el vicepresidente Alvaro García dijo que los prefectos debían dar señales de honestidad para abrir el que sería un cuatro proceso de diálogo desde que se desató el conflicto entre Constitución y autonomías.

"Tenemos tres experiencias fallidas (...) por la acción obstruccionista de los opositores", declaró a reporteros, reiterando que el Gobierno esperaba el diálogo "pese a que no se ven señales firmes, serias y honestas de los opositores".

La nueva Constitución boliviana, aprobada en diciembre del año pasado por una Asamblea Constituyente boicoteada por la oposición, debe pasar por dos referendos para entrar en vigencia.

La ley que rigió las labores constituyentes establece que esos referendos deben ser convocados por el Congreso, pero otra ley, referida exclusivamente a los referendos, dispone que estas consultas pueden ser convocadas también por el presidente.

En el Congreso, el Gobierno debe pactar con la oposición, aunque en varias votaciones cruciales en el último año sacó provecho de la ausencia de algunos senadores opositores.