El proyecto de Constitución de Montecristi propone la formación de regiones autónomas con dos o más provincias contiguas. Guayas, Los Ríos y Santa Elena pueden integrar una región autónoma. Esta es necesaria para construir un proyecto autonómico sostenible a largo plazo.
Guayaquil es el mercado y el puerto por el cual se exporta la producción agropecuaria de once cadenas productivas que cruzan las tres provincias, desde la producción de arroz y maíz hasta camarón y pescado, pasando por la producción de banano, cacao y café en grano y elaborado, azúcar y soya. El 93,7% de los productos de exportación mencionados se exportan por Guayaquil. En una investigación reciente, hemos registrado en Guayaquil 176 empresas comerciales y agroindustriales ligadas directamente a estas cadenas productivas.
Según el censo, en el territorio hay 308.840 empresas agropecuarias que producen las materias primas agrícolas de estas cadenas.
El territorio tiene 40 cantones con una población de 3.956.712 habitantes. Las migraciones que poblaron Guayaquil durante los últimos 40 años, provinieron sobre todo del Guayas, el sur de Manabí y Los Ríos, en íntima conexión con la demanda de trabajo que generaron las cadenas productivas mencionadas.
Es claro, entonces, que un proyecto autonomista consistente debe tener una concepción sistémica de la región y de la función de Guayaquil en la misma. No puede haber desarrollo sostenible de Guayaquil sin desarrollo regional. La competitividad es una propiedad del sistema económico regional, no de un cantón aislado. La reducción de la pobreza depende del aumento de la competitividad del sistema regional y de políticas orientadas a redistribuir capacidades a favor de la población pobre y de otros sectores sociales en desventaja.
Pero el proyecto de Constitución no asigna a los gobiernos autónomos descentralizados –los Consejos Regionales– las competencias necesarias para que los mismos puedan dirigir realmente las regiones. El proyecto les asigna apenas siete competencias: planificar, ordenar las cuencas hidrográficas, regular el transporte y construir la infraestructura vial, apoyar el desarrollo de la investigación y la tecnología y fomentar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la región. Esta última competencia no está definida en el proyecto de Montecristi.
Estas competencias son insuficientes para que el gobierno regional pueda dirigir la región. Un gobierno autónomo regional necesita competencias exclusivas y/o compartidas en agricultura, pesca, industria, comercio, instituciones financieras –como cooperativas de ahorro y crédito –comercio exterior, cultura, educación, salud y producción de ciencia y tecnología. Al limitar las competencias de los gobiernos regionales, el proyecto de constitución les corta las alas. Si el proyecto de Montecristi se aprueba en el referéndum, tendremos gobiernos regionales política y técnicamente débiles, mientras la burocracia centralista conservará el poder político y administrativo. El proyecto de constitución se elaboró como una crítica del neoliberalismo, pero esta no debe conducir al país a un estatismo centralista igualmente superado.
*Sociólogo.