En la campaña por el Sí y por el No, antes de la convocatoria al referéndum del 28 de septiembre, existen dudas sobre qué institución electoral tiene que cuantificarla.

Pese a los anuncios del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, de que los organismos electorales provinciales realizarían ese monitoreo, hasta el momento no existen ni cifras, ni montos de cuánto gastaron varias instituciones y grupos políticos.

 En Quito, lugar donde se concentra gran cantidad de publicidad electoral, la Comisión del Gasto del Tribunal Electoral de Pichincha, presidida por el vocal Fidel Araujo, empezó su trabajo recién hace tres semanas. 

Araujo reconoce la organización de una campaña anticipada del Gobierno y del partido Sociedad Patriótica. Pero aclara que el organismo no tiene la autonomía para hacer una fiscalización directa y sostiene que el control de la campaña anticipada le corresponde al Tribunal Supremo y no al TEP.   

“Nos apoyaremos en la empresa que contrató el TSE para que realice el monitoreo para que nos otorgue la información necesaria”.

La empresa Mercados y Proyectos solo contabilizará los spots publicitarios desde el 13 de agosto, fecha del inicio de la campaña. En la primera semana la empresa no entregó ningún reporte sobre el monitoreo de medios de comunicación, informaron fuentes de la Unidad del Gasto.

Acosta incluso señaló que imputarán al gasto de Alianza PAIS la campaña del presidente Rafael Correa de promover el Sí antes del 13 de agosto y Sociedad Patriótica por declaraciones de los dirigentes Gilmar Gutiérrez, Luis Almeida y Galo Lara, quienes difundieron el No, incluso antes del final de la Asamblea Constituyente.

El vicepresidente del TSE, René Maugé, a su vez, insistió en que el TSE no tiene la capacidad coercitiva para retirar la publicidad y que la Unidad del Gasto tiene la responsabilidad de contabilizar los gastos.

“Ya tenemos algunos datos que se analizarán en el juzgamiento de cuentas que cada grupo político tendrá que entregar luego del referéndum”, dijo Acosta.

Los últimos cambios en los tribunales provinciales también afectaron el monitoreo, como el caso de Loja, donde el vocal de la UDC era el presidente de la Comisión del Gasto en esa provincia. Su salida complicó el monitoreo.