Aquiles Rigaíl Santiestevan, asesor jurídico de la Universidad Católica, en una carta enviada a este diario, asegura que “ni el señor rector, ni las autoridades y miembros del Consejo Universitario pretenden imponer sanciones de expulsión a ningún estudiante, de los que han sido acusados desde los varios niveles gubernamentales, lo cual es concordante con la actitud de defensa procesal en lo penal que ejerceremos como Universidad de manera inmediata”.

Asimismo, asegura que “tampoco la Universidad, que sigue los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, lo cual implica el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, jamás puede someterse a influencias extrañas por importantes que puedan ser para la adopción de sus libres decisiones, ni tiene por qué sujetarse a instrucciones que no sean las propias de su libertad institucional”.

Para el asesor jurídico, sí se produjo una clara violación a la Autonomía Universitaria, por la acción de la Fuerza Pública.

“No nos estamos refiriendo a la seguridad presidencial, que tiene el derecho de proteger la integridad física del Mandatario en donde se encuentre”, aclara Rigaíl, pero dice que  la Policía ingresó a efectuar actos represivos, sin que el rector lo haya autorizado, como así se contempla en el artículo 75 de la aún vigente Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

“Violación que resulta clara y evidente a través de toda la documentación gráfica que hemos recopilado, e incluso del propio Informe Policial que se me ha hecho llegar por canales no oficiales, pero cuya autenticidad estoy recabando”.

Entrevista
El viernes, el rector de la Universidad, Michel Doumet, en una entrevista con  Ecuavisa, anticipó sanciones para los estudiantes que hayan intervenido durante los hechos del 16 de agosto.

Gestos
“Los gestos obscenos y los insultos al Primer Mandatario son objeto de una sanción gravísima, que podría ser la expulsión de los alumnos de la universidad”, dijo el rector en la entrevista.