El enfrentamiento que desde hace meses sostiene el presidente colombiano Alvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia en el marco de investigaciones por vínculos de congresistas con paramilitares se agudizó este lunes, por lo que será puesto en conocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI).

El magistrado Francisco Ricaurte, presidente del máximo tribunal de la justicia colombiana, anunció el lunes que denunciará ante el fiscal de la CPI, Luis Moreno -de visita en el país-, un "complot" en contra de la Corte Suprema.

"Aquí hay un complot de un sector del gobierno en alianza con los paramilitares para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia. Denunciaremos esa estrategia ante el fiscal de la CPI", aseguró Ricaurte, en diálogo con radios locales.

El magistrado calificó de "gravísimas" las reuniones de dos altos funcionarios del gobierno -los secretarios jurídico y de prensa- con un paramilitar y el abogado de otro jefe de esos escuadrones en la sede de la presidencia, según admitió el propio Uribe, y pidió investigar los hechos.

En rueda de prensa convocada tras conocerse las denuncias, Uribe admitió que avaló el encuentro entre sus funcionarios y los representantes del jefe paramilitar y que, luego de analizar las pruebas que éstos dijeron tener contra los magistrados de la Corte, llegaron a la conclusión de que "no tienen elementos relevantes".

Lejos de disculparse, Uribe contraatacó a los magistrados de la Corte y los acusó de haber legislado con criterios políticos y no jurídicos en su contra. "En Colombia hay tráfico de testigos y de testimonios, eso es grave y lo ha habido contra el Presidente de la Republica", afirmó.

"No tenemos interés en enlodar a los magistrados, tenemos interés en que la política contra el crimen sea imparcial, sin manipulación de testigos", añadió el mandatario tras recordar que fue su gobierno el que desmontó a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha).

Uribe sostiene un fuerte enfrentamiento con miembros de la Corte Suprema, que ha involucrado a 60 legisladores en las investigaciones por nexos con paramilitares, en su mayoría pertenecientes a la coalición gubernamental, 30 de los cuales están presos.

En medio de la controversia, el fiscal Moreno advirtió en Bogotá que la CPI deberá intervenir en caso que la justicia colombiana no actúe contra los responsables de crímenes masivos, como paramilitares, políticos involucrados con ellos y grupos guerrilleros.

"La responsabilidad primaria es del gobierno nacional. En la medida en que ellos actúen la CPI no interviene, cuando no actúan, nosotros intervenimos", precisó Moreno a periodistas.

El Fiscal se encuentra en Colombia para examinar la reciente extradición de 13 ex jefes de las AUC a Estados Unidos, para lo cual se reunirá con representantes del gobierno, de la Fiscalía General y de la Corte Suprema.

Para la CPI la extradición de los ex líderes paramilitares podría impedir que éstos paguen por los delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia.

Por su parte el juez español Baltazar Garzón, también en Bogotá, advirtió sobre una posible intervención en Colombia de la CPI si la justicia local no logra que los jefes paramilitares extraditados paguen por los delitos cometidos.

"Podría considerarse, si no se arbitran los medios necesarios para evitarlo, que las extradiciones de los principales responsables de las Autodefensas Unidas, pueden ser un obstáculo insalvable para la aplicación de (la ley de) justicia y paz y eso haría necesaria la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", dijo.

Según cifras oficiales, unos 30.000 ex combatientes de las AUC se desmovilizaron en el marco de un pacto con el gobierno de Uribe que les otorgó beneficios judiciales a cambio de la confesión de sus crímenes con una condena máxima de ocho años, incluso para delitos de lesa humanidad.