Planes para enviar a prisiones de alta seguridad a sospechosos de participar en bandas del crimen organizado, así como establecer una tarjeta nacional de identificación se adoptarán en México para combatir la delincuencia y la narcoviolencia.

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organizaciones civiles de México alcanzaron el jueves un inédito acuerdo nacional contra la inseguridad, empujado por la indignación ciudadana ante la creciente cantidad de secuestros y homicidios del crimen organizado.

El secuestro y asesinato del menor Fernando Martí, de 14 años, perpetrado por policías, generó indignación popular, derivando en la cumbre nacional contra la inseguridad.

“La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo que exige nuestra coordinación para dar respuesta a sus demandas. El desafío es indiscutible e inaplazable, no tenemos tiempo que perder”, dijo el presidente Felipe Calderón

El acuerdo contiene compromisos de los tres poderes con plazos concretos, como la depuración de la policía, creación de un observatorio ciudadano para controlar las metas, estrategias contra el lavado de dinero y el narcomenudeo y la promulgación de una ley antisecuestros, entre casi 80 puntos.

En México, la ciudadanía ha sido testigo del aumento de la cifra de muertos por brutales secuestros y por luchas entre bandas de narcotraficantes que se han convertido en algo corriente en el norte de México. Más de 4.000 personas han sido asesinadas en actos de violencia vinculados con el narcotráfico desde que Calderón lanzó una ofensiva contra los narcotraficantes hace casi dos años.

En un editorial, el periódico El Universal publicó ayer que aunque otros planes contra los criminales han sido anunciado antes, el del jueves parece ser diferente, pues esta vez, “hay una presión social creciente y que parece tener un foco”.

Ante la escalada de la violencia, quince organizaciones civiles convocaron para el próximo 30 de agosto una marcha bajo el lema Iluminemos México, con la que se espera llevar a las calles a cientos de miles de personas en al menos 20 estados del país y varias ciudades del extranjero.