Hidroeléctrica.

El contralor Carlos Pólit advirtió con ser implacable en la determinación de responsabilidades por las presuntas irregularidades cometidas en la suscripción y construcción de la hidroeléctrica San Francisco, por cuya paralización la Fiscalía inició  indagación previa.

Así lo afirmó ayer Pólit, tras declararse impresionado por lo que observó en el recorrido del túnel de conducción y la chimenea de desfogue del agua, que tras ocho meses de operación paralizó su funcionamiento por  desperfectos que sufrió y  acumulación de sedimentos.

La autoridad declaró urgente la terminación del informe preliminar del examen especial de ingeniería, que inició por las fallas presentadas en el rotor de una de las turbinas, lo que paralizó las actividades de generación de la central.

Aunque la autoridad no quiso adelantar criterios por ser un juez de cuentas, los técnicos de las empresas Hidropastaza e Hidroagoyán coincidieron en que se cometieron graves errores que determinaron la existencia de 17 fallas en la estructura de la obra.

Entre estas: zonas de agrietamiento de la roca de la chimenea (sistema hidráulico que disipa la energía del paso del agua), filtración de agua;  mientras, el de acceso a la obra, de un total 8 metros de diámetro y 114 kilómetros de longitud, está cubierto por dos metros y medio de sedimentos, pues nunca fue sometido a limpieza.

Voceros de la constructora, en cambio, aseguran que se paralizó la operación de San Francisco para cumplir un mantenimiento previamente pactado, y que las fisuras encontradas y que se disponen a reparar son el resultado de factores no previsibles, como la erupción del cercano volcán Tungurahua. Todo quedará en perfecto estado incluso antes del plazo dado por el Gobierno, aseguran.

A juicio del presidente ejecutivo de Hidropastaza, Ítalo Centanaro, lo ocurrido se deriva del incumplimiento de los trabajos de fiscalización de la obra, labor  encomendada a la asociación Furnas (Brasil)-Integral (Ecuador).

El  lunes, dijo, denunciaron ante el Presidente (Rafael Correa) que los mismos que fiscalizaron San Francisco lo  hacen con el proyecto Toachi-Pilatón, cuya construcción está a cargo de la Prefectura de Pichincha.

Por ser responsabilidad de los constructores, según Centanaro, ese consorcio deberá asumir los costos de reparación de la obra: $ 12 millones por el túnel de acceso y $ 1,5 millones por la chimenea. Adicionalmente deberán reparar las dos turbinas dañadas y adquirir nuevas.

Respecto a los $ 200 mil  de multa diaria si no retoma la operación de la obra desde el 4 de octubre, indicó que existe un documento que deberá ser firmado por los constructores, que ahora revisan el texto del mismo y un anunciado que dará una garantía adicional por cinco años.