Quizás el funcionario de Estado no se haya expresado bien, porque ya hoy en día los civiles no pueden llevar consigo un arma, a menos que cuenten con el permiso correspondiente.

Ahora bien, si lo que se pretende es eliminar los permisos, entonces estaríamos ante un gravísimo atentado contra la seguridad, puesto que hay personas que por su profesión (cobradores, tesoreros) o por ciertas circunstancias especiales (haber recibido una amenaza de delincuentes) necesitan instrumentos para defenderse.

Si los permisos se eliminan, lo que ocurrirá es que todos esos ciudadanos deberán devolver su arma (puesto que la fuerza pública conoce sus nombres); los delincuentes, en cambio, seguirán tal cual, ya que ellos no piden permiso.

¿Eso es lo que quiere el Ministro? ¿Para qué?