BEIJING |

Una cantidad mínima de chinos ha presentado solicitudes para llevar a cabo protestas, a pesar de saber que es más factible que terminen en la cárcel que en una “zona para protestas”. Está decayendo el temor al Gobierno.

Para ponerle un rostro sonriente a su imagen durante los Juegos Olímpicos, el Gobierno chino separó tres “zonas para protestas” en Beijing. Los funcionarios explicaron que, siempre que los manifestantes obtuvieran la aprobación por adelantado, se permitirían las manifestaciones.

Así es que decidí probar el sistema.

Siguiendo las instrucciones gubernamentales, me presenté en el local de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing, encontré la ventanilla 12 y declaré ante el empleado: “Estoy aquí para solicitar autorización para una protesta”.

De lo que no me había dado cuenta fue de que Seguridad Pública ha detenido al menos a media docena de personas que se ha presentado a solicitar permisos para protestas. Seguridad Pública es bastante perspicaz. En los viejos tiempos, tenía que salir y atrapar a los manifestantes en el acto. Ahora, se ahorra la molestia: los potenciales protestantes se presentan en las oficinas de Seguridad Pública para solicitar permisos y los detienen sin demora. Para ustedes, eso quiere decir rentabilidad.

Afortunadamente, el empleado de la ventanilla 12 no me etiquetó de contrarrevolucionario. Me miró con preocupación y pidió mi pasaporte y otros documentos de identificación. Al darse cuenta de que soy periodista, preguntó esperanzado: “¿No preferiría realizar una entrevista sobre las manifestaciones?”.

–No. Quiero solicitar permiso para hacer una.

–¿Sobre qué quiere protestar? –frunció el ceño.

–Quiero manifestarme a favor de preservar la arquitectura histórica de Beijing–. Era el tema menos polémico y más insípido que pude inventar.

–¿Cree que el Gobierno no está haciendo un buen trabajo al respecto? –preguntó con firmeza.

–Podría haber algunas mejoras –dije con delicadeza.

El empleado frunció el ceño y llamó a dos colegas de mayor jerarquía, quienes, tras una serie de llamadas telefónicas frenéticas, me condujeron al centro del edificio policial. Me acompañaba un videocamarógrafo del New York Times, y él y el de la policía se videogrababan uno al otro afanosamente. Entonces, la policía explicó que bajo las regulaciones, ellos nos podían videograbar, pero nosotros a ellos no.

La Oficina de Seguridad Pública (un nombre elegante para una comisaría de policía) resplandece como gran parte del resto de la ciudad. Es un edificio encantador y espacioso, y la sala de espera a la que nos condujeron estaba hermosamente amueblada; sin sillas metálicas de las que se doblan. Es una metáfora magnífica del sistema jurídico chino: el hardware es impecable, pero el software, primitivo.

Tras una hora de espera, interrumpida por revisiones periódicas con el ceño fruncido de nuestras credenciales de prensa, nos llevaron a una sala de conferencias elegante. Me condujeron solemnemente a una silla marcada con “solicitante”.

Tres oficiales de la Policía se sentaron frente a mí, y el videocamarógrafo seguía filmándonos desde todos los ángulos. Los oficiales fueron cordiales y profesionales, aunque uno parecía estar soñando despierto con quitarnos las uñas de los dedos.

Después, pasaron cerca de una hora revisando la miríada de disposiciones para las manifestaciones. Eran detalladas y complejas, y, lo más desalentador, tendría que entregar una lista de cada una de las personas que asistiría a mi manifestación. La lista tenía que incluir nombres y números de los documentos de identidad.

Además, cualquier chino en la lista de nombres tendría que ir primero a la Oficina de Seguridad Pública en persona para que lo entrevistaran (¿detuvieran?).

–¿Si hago todo esto, al menos se aprobará mi solicitud? –pregunté.

–¿Cómo saberlo? –respondió un policía. –Eso prejuiciaría el proceso.

–Bueno, ¿se ha aprobado alguna solicitud? –pregunté.

–No podemos responder a eso, ya que ese asunto no tiene ninguna relación con este caso.

El policía sí dijo que de aprobarse, me extenderían un “Documento de Permiso para una Manifestación”. Sin él, mi manifestación sería ilegal.

Me rendí. Las disposiciones son tan monstruosamente burocráticas que ni siquiera podía presentar mi solicitud de manifestación. La policía me pidió que firmara el recuento de la reunión hecho por su escribano, y dijimos adiós correctamente.

No obstante, aun cuando el proceso es una charada, con todo, representa un avance en China, ya que la ley reconoce implícitamente la legitimidad de la protesta. Más aún, una cantidad mínima de chinos ha presentado solicitudes para llevar a cabo protestas, a pesar de saber que es más factible que terminen en la cárcel que en una “zona para protestas”. Está decayendo el temor al Gobierno.

Mi corazonada es que en los meses siguientes, quizá después de los Juegos Olímpicos, veremos la autorización de algunas solicitudes. China está cambiando: no es una democracia pero ya tampoco es un Estado totalitario.

Hoy, China me recuerda a Taiwán a mediados de los 1980, cuando una clase media en ascenso exigió más libertad. Casi todos los países alrededor de China, desde Mongolia hasta Indonesia, Tailandia y Corea del Sur, son más abiertos y menos represivos, no por la bondad de los gobiernos, sino por la insistencia de los pueblos.

Siento que se está dando ese mismo proceso aquí, aunque desesperadamente lento. Algún día, el software de China alcanzará el nivel de su hardware.

© The New York Times News Service.