Ayer se inició  indagación previa por la denuncia que planteó la militante de Impunidad Jamás en contra del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Antonio Arregui.

Bolívar Escobar, fiscal de lo Penal del Guayas, comenzó esa fase para investigar el supuesto delito  de acción pública. La denunciante, María Isabel Morán Bajaña, considera que Arregui  se “entromete en cuestiones políticas” al “promover el No” en el referéndum.

El fiscal invitó a Arregui a que en 72 horas, a partir del 25 de agosto, dé su versión libre y voluntaria, y pidió que se oficie a los medios  para que remitan las declaraciones que él ha realizado de aspectos políticos y sobre   el proyecto constitucional.

La Conferencia Episcopal, en un comunicado oficial, ratificó  su posición frente  al proyecto de nueva Constitución.

El documento firmado por 34 obispos  se hizo  público tras una reunión  con el representante del papa Benedicto XVI. En él se  señala: “hemos convenido, en forma unánime, ratificarnos en nuestro pronunciamiento del pasado 28 de julio...”.

En esa fecha Arregui dijo que el proyecto de la nueva Carta Magna, “sin mencionar el término aborto, deja abierta una ventana que pone en riesgo la vida de la nueva criatura”.

Según la CEE,  el Vaticano y  Ecuador firmaron un convenio en 1937 que dice que el  Clero “en nada menoscaba la plena e incontestable libertad que les asiste  para predicar, exponer y defender la doctrina dogmática y moral católica”.