El presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero, informó que la Contraloría del Estado  determinó irregularidades administrativas y económicas en contra de 30 asambleístas por la contratación de personal de apoyo y asesores en Ciudad Alfaro.

“Ellos tienen que justificar, de lo contrario tendrán que devolver la plata”, precisó  Cordero no quiso  hacer público el informe por ser  reservado mientras el pleno de la Asamblea no tenga conocimiento de este.

Los 130 asambleístas prevén reunirse en Quito, en el caso de ganar el Sí en el referéndum de la nueva Constitución, cinco días después del 28 de septiembre, de acuerdo a una  disposición transitoria del proyecto constitucional.

La Contraloría investigó  estas irregularidades por pedido de la Comisión  Directiva de la Asamblea,  una vez que el vocal Jorge Escala (MPD)  denunció a Fausto Lupera (SP)  de firmar  solicitudes de pago de honorarios para una secretaria que no asistía a Ciudad Alfaro y vivía  en Estados Unidos, desde enero del presente año.

El contralor Carlos Pólit  dijo que es potestad del presidente de la Asamblea denunciar las irregularidades que encontraron en el  examen especial, que fue entregado  48 horas antes de que termine el proceso constituyente.    

Cordero anunció, además, que mañana entregará a la prensa    las actas que respaldan la legitimidad de la aprobación del preámbulo  y el régimen de transición de la nueva Constitución, capítulos que, según la oposición, fueron incorporados a última hora y aprobados sin el debate correspondiente del pleno. “Conjuntamente con las 30 transitorias fueron votados,  debatidos y no como sostienen  personas sin información. Existen videos, audios, actas que respaldan las resoluciones”.

Transición
El asambleísta Virgilio Hernández (PAIS) defendió el capítulo sobre el  Régimen de Transición aprobado por la mayoría oficialista.

“Los que están señalando ahora que el Régimen de Transición es absurdo, dirían que estamos  instaurando una dictadura. Eso es irrazonable”, dijo Hernández.