Uno de los actores sociales y políticos más importantes a finales del siglo pasado fueron los indígenas de nuestro país.

Con una presencia que constituye menos  del 10% de la población ecuatoriana, gracias a una creciente organización gremial y política y a una estrategia de levantamientos y negociaciones, fueron posicionándose en el escenario de la política nacional, sobre todo, desde el gobierno de Sixto Durán-Ballén.

Con el gobierno de Lucio Gutiérrez les fue mal, debilitándose orgánicamente, perdiendo credibilidad en el Ecuador blanco-mestizo e incluso teniendo que prescindir tempranamente de dirigentes históricos como Nina Pacari y Luis Macas.

Ahora, si existe un claro ganador en el inicialmente dialogal  y finalmente tortuoso proceso de elaboración del proyecto de nueva Constitución, es el movimiento indígena.

La impronta indígena en el proyecto constitucional aparece desde el preámbulo, donde su cosmovisión se expresa en la celebración a la Pacha Mama, de la que se declara somos parte y es vital para nuestra existencia. De igual manera, se manifiesta la decisión de construir una nueva visión de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el  sumak kawa y o buen vivir.

Establecidos estos paradigmas, la lectura del polémico proyecto permite constatar que en su artículo primero se determina que el Ecuador es un Estado plurinacional, consagrando así, a nivel constitucional, un objetivo largamente acariciado y verdadero eje de sus reivindicaciones.

Por razones de espacio y extensión del texto del proyecto,  no es posible comentar cada uno de los artículos que recogen y hasta repiten los principios, derechos, garantías e institutos jurídicos que constitucionalizan buena parte del programa político del movimiento indígena.

A grandes rasgos cabe mencionar los denominados derechos de la naturaleza vinculados a la consulta previa libre e informada para la explotación de los recursos naturales, el equilibrio entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza, la soberanía alimentaria, la propiedad comunitaria, el derecho a constituir circunscripciones territoriales y regiones autónomas, el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público, la justicia indígena, juezas y jueces de paz, el derecho a la identidad cultural y hasta la inclusión a última hora del quichua y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural.

Pero los indígenas ecuatorianos no solo tienen ahora un proyecto constitucional que impulsar sino que tienen también un proyecto político, con precandidato incluido y un laboratorio social muy cerca, rico en experiencias de luchas indígenas por el poder y ejercicio del mismo, la República de Bolivia.