Temor por violencia

El gobierno del presidente Evo Morales alertó ayer que grupos civiles que promueven para hoy una huelga en cinco de las nueve regiones de Bolivia quieren provocar violencia.

Los prefectos y líderes civiles de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca exigen a Morales devolver $ 166 millones de sus rentas que se usan para pagar un bono anual de $ 337 dólares a los ancianos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el gobierno “toma las previsiones” para que policías y militares eviten desmanes callejeros, como los del viernes pasado, cuando moradores de Santa Cruz atacaron a la Policía, y agredieron a su comandante luego de que los uniformados reprimieran una manifestación de minusválidos.

Por esa causa, el Gobierno de Evo Morales demandará al prefecto Rubén Costas y a Branco Marincovik, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Organizaciones sociales afines al mandatario en Santa Cruz, Tarija y Beni anunciaron que no acatarán el paro, mientras que el presidente de la denominada Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, dijera que preparan un contingente de jóvenes para “vigilar que el paro se lleve con normalidad”.