El excesivo poder al Primer Mandatario es una objeción en  movimientos que apoyan el Sí.

Es suficiente un tema o artículo que les agrade para darle el Sí a la nueva Constitución. Al menos una docena de actores políticos, organizaciones y movimientos populares de izquierda apoyan el proyecto de Carta Magna que hizo la Asamblea Constituyente en Montecristi pese a tener reparos en algunos de los 444 artículos.

Entre los temas que comprometen el apoyo están la soberanía alimentaria (impulso a la producción agrícola), el quichua como idioma de uso oficial en las relaciones interculturales, el seguro universal que incluye a las amas de casa y la gratuidad de la educación, sin embargo, algunos de ellos, según dicen, enfrentan contradicciones e inconcordancias.

Y entre los temas en los que tienen objeciones están, por ejemplo, el que se reconozca el monocultivo de la tierra, los límites a la contratación colectiva, los poderes al Presidente y la extensión del periodo a los constituyentes.

Pedro de la Cruz, asambleísta en receso, por ejemplo, cree que “hay más de mil razones para votar por el Sí”, entre ellas, el haberse incluido el idioma quichua como de uso oficial en las relaciones interculturales, pero en cambio no está de acuerdo con que se haya negado la posibilidad de que los trabajadores, así, con ese término, puedan acogerse al Código del Trabajo. Según el proyecto de Constitución, en su artículo 230, solo “las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”. Esto significa, que solo este grupo de trabajadores podrán firmar contrataciones colectivas con sus patrones o empleadores.

“El resto de empleados estarán regidos por la Ley de Servicio Civil, nosotros queríamos que todos los trabajadores estén amparados por el Código del Trabajo”, recalca Cruz, presidente de la Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y ex asambleísta.

En este mismo sentido se pronuncian movimientos como la FEI (Confederación de Pueblos, organizaciones indígenas, campesinas del Ecuador). Su dirigente José Agualsaca defiende el derecho que, dice, tienen los “compañeros” petroleros de acogerse también al Código del Trabajo. “Las bases no están de acuerdo, los contratos también debían permitirse para los compañeros petroleros, que son un brazo fraterno de nuestra organización”, señala.

El artículo 294 sobre la soberanía alimentaria, que obliga al Estado a impulsar la producción y a definir políticas proteccionistas para el sector agropecuario y la población rural, es otra razón por la que la Fenocin promueve el Sí. No obstante, ese mismo enunciado constitucional en su numeral  5 reconoce el monocultivo, algo que, según Pedro Quimbiamba, otro dirigente de la Fenocin, es “una contradicción”.

“Hay una propuesta del Ministerio de Agricultura en la Costa para reforestar 150 mil hectáreas de teca, por ejemplo, eso va contra la soberanía alimentaria que plantea la diversidad de la producción y cuando hablamos de monocultivo hablamos de biocombustibles”, cuestiona Quimbiamba.

Otros temas que motivan el Sí de partidos de izquierda, como el Socialista, son la dedicación de recursos petroleros a programas educativos, de salud y seguridad social, además del órgano de control social ciudadano que hará una especie de veeduría a los organismos de poder público y privado que brinden un servicio a la comunidad.

Silvia Salgado, directora del Partido Socialista, también encuentra peros en el asunto sindical, porque no incluye a los trabajadores en el Código del Trabajo. “Hemos tenido reparos ante esto, son conquistas laborales”, comenta la líder.

Y respecto de la deuda externa, Salgado cree que se debió incluir en el texto de Carta Magna la figura de una consulta popular que dirima en situaciones de controversias, pero el documento plantea en su enunciado 423 que sea el Estado quien plantee una solución arbitral.

“Los reparos son en el sentido de que hay que profundizar los cambios. No creemos que con solo la Constitución vamos a tener un país encarrilado hacia la construcción”, opina.

Gustavo Iturralde, secretario general del Partido Comunista del Ecuador, prepara una agenda de actividades para promocionar el Sí a la nueva Carta Política. Él está de acuerdo con el cambio del enunciado de economía de mercado a economía solidaria, además de incluir como garantía el derecho a la salud, a la educación y seguridad social. Pero critica que no se haya puesto como uno de los derechos ciudadanos el de la vivienda. “Es algo que atormenta a la población, hay un déficit de 1,2 millones de viviedas”, dice.

Además del tema habitacional, María Augusta Calle, ex asambleísta, dice que votará Sí por los beneficios de los asegurados, esto es el banco del afiliado, la autonomía, la red de seguridad social y el aseguramiento de amas de casa. “Si le digo que todo está perfecto estaría mintiendo, hubiera querido que sea más fuerte en algunos temas, por mi posición ideológica”, comenta la ex constituyente que esta semana se reunió con funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para hablarles de los beneficios que les significa el  proyecto de Carta Magna.

El director del Observatorio de Servicios Públicos en Guayaquil, César Cárdenas, menciona  la no privatización del agua como una razón para el Sí.

“Además, el observatorio fue elevado a rango constitucional, ahora somos considerados como una herramienta necesaria para una labor social”, comentó Cárdenas. El artículo 101 recoge la participación de los observatorios como una instancia para promover la ciudadanía.

No obstante, aunque Cárdenas recalca que no tienen ningún reparo sobre cómo quedó finalmente la Constitución en Montecristi, hay algo que señala  pero no cree tan importante. “Tenemos una crítica pequeñita sobre el excesivo poder al Presidente de la República, especicalmente en temas de las áreas protegidas que él puede ordenar explotar”.

César Cárdenas
Observatorio Ciudadano
“Tenemos una crítica pequeñita sobre el excesivo poder al Presidente de la República, en temas de áreas protegidas”.
 
Pedro de la Cruz
Ex asambleísta y dirigente gremial
“Nosotros queríamos que todos los trabajadores estén amparados por el Código del Trabajo, no solo los obreros”.
 
Silvia Salgado
Directora del Partido Socialista
“Los reparos son en el sentido de que hay que profundizar los cambios. No creemos que con solo la Constitución vamos a tener un país encarrilado”.