La estéril discusión en la que se han empeñado por igual la Conferencia Episcopal y el Gobierno ha conseguido alejarnos de los asuntos de fondo del debate constitucional. Unos y otros han llevado el enfrentamiento al campo de la fe, ese espacio en que no manda la razón y en el que, por tanto, es imposible alcanzar acuerdos. Exactamente igual que hace cien años, la reiteración incansable de esos temas y la reafirmación de las creencias solo podrá dar como resultado la radicalización extrema de las posiciones.
La competencia de dogmas no puede ofrecer solución alguna y lo único que logra es postergar el debate serio y profundo. Ese debate, que no puede hacerse ni en el púlpito ni en la tarima, debería centrarse en temas fundamentales del proyecto constitucional (al que el Tribunal Supremo Electoral ya califica como nueva Constitución), no en todos y cada uno de los 444 artículos porque eso simplemente es imposible. Cuando son sometidas a referéndum, aquí y en cualquier parte del mundo, las constituciones se aprueban o se rechazan por uno o dos temas importantes, que incluso pueden o no formar parte de ellas, nunca por una utópica lectura minuciosa de todo su contenido. Bastaría mirar las motivaciones que tuvo cada país europeo para pronunciarse sobre la Constitución de la Unión Europea para confirmar que eso es así. Nuestro problema es que no hemos encontrado esos puntos fundamentales y hemos dejado que su puesto sea ocupado por la fe y los valores morales.
Tampoco le hemos dado importancia al otro componente de este debate, que es ese documento sin categoría precisa llamado el régimen de transición. Este no es parte de las disposiciones transitorias del proyecto de Constitución, tampoco es una ley y ni siquiera entra en esa extraña categoría que fueron los mandatos de la Asamblea. Sin embargo, se pondrá en vigencia por arte de magia si el proyecto de Constitución es aprobado y será el instrumento básico para la construcción del poder después del referéndum. Sin elecciones de por medio, simplemente con esos 30 artículos será posible controlar todos los organismos del Estado.
Habría sido ideal debatir sobre todo esto, pero resulta imposible hacerlo en el ambiente político actual. No solo porque el insulto y la desvalorización ya son de todos, sino fundamentalmente porque no hay sujetos políticos que puedan llevarlo adelante. Que dos o más personas discutan en la radio o en la televisión no significa nada cuando ellas se representan a sí mismas y no constituyen la expresión de fuerzas políticas organizadas, estables que busquen impulsar una ideología o unos principios.
Por ello, cabe preguntarse si el caudal electoral será suficiente para que la Constitución pueda ser reconocida como el cuerpo que interpreta e integra a todos los habitantes o, dicho en el lenguaje de la teoría política, si ella expresa el contrato de todos quienes forman la comunidad. Para tener efectividad y para mantenerse a lo largo del tiempo, una Constitución necesita algo más que votos, aunque estos sean muchos.