Por razones de espacio no podemos abundar en las consecuencias dañinas que este concepto tendría si se lo aplica, pero varios ex asambleístas reconocieron ya que se trata de un error de buena fe.

El artículo 261, asimismo, dice que solo el Estado podrá administrar el Registro Civil y los aeropuertos, lo que afectaría seriamente a Guayaquil. Esto motivó que otros ex asambleístas  acepten que es un malentendido, aunque sin consecuencias previsibles según ellos porque la Revolución Ciudadana obrará siempre con el mejor propósito.

El camino al infierno, lamentablemente, está empedrado de buenas intenciones, así que no basta con admitir estas equivocaciones. Quienes promueven el apoyo al proyecto de nueva Constitución deberían explicar mediante qué mecanismos piensan corregir estas deficiencias de un texto con tantos candados y seguros.