Los infractores que no tienen recursos económicos cuentan con tres defensores públicos.

Desde que se implementaron las audiencias orales el 5 de mayo de este año, para los casos de los menores infractores, la agilidad en los procesos por asaltos, robos, tenencia ilegal de armas, escándalos y hasta asesinatos, es evidente.

De esta manera lo calificó Rocío Córdova, procuradora de los menores infractores, quien informó que desde esa fecha hasta el 31 de julio se realizaron unas 206 audiencias orales.

“Con esta modalidad evitamos que jóvenes estén injustamente aprehendidos y de la misma manera, con la celeridad del caso, quienes cometen una infracción son procesados”, dijo la procuradora.

Asimismo, la reincidencia de los jóvenes que vuelven a cometer la infracción se redujo.

Córdova explicó que antes del 5 de mayo de este año era difícil internar a los chicos, por cuanto los jueces se demoraban en emitir las respectivas boletas.

“Si la boleta no llegaba  dentro de las 24 horas de la aprehensión, el Director del centro debía dejarlo libre, según la Ley de la Niñez y Adolescencia”, dijo.

Sin embargo –aclaró–, ahora se obtiene la orden de internarlos luego de la audiencia oral, siempre y cuando existan pruebas concretas en su contra.

 Además, recordó que los centros de internamiento a nivel nacional forman parte del Ministerio de Justicia desde el pasado 23 de julio, por lo que espera se implementen equipos de trabajo.

Para Córdova, la falta de un psiquiatra y neurólogo es perjudicial para los jóvenes.

Mónica Vargas, subsecretaria de Justicia, contó que la entidad evalúa la posibilidad de incrementar el personal. Actualmente trabajan 32 personas en Guayaquil, pero podría ampliarse el número para contratar a especialistas.

Además, indicó que cuentan con el presupuesto que el Gobierno le asignó para los proyectos a nivel nacional, que asciende a $ 1’600.000.

Vargas indicó que antes de que se aplicara la oralidad, el Instituto Profesional de Varones (Fase II) contaba solo con cinco chicos, que cumplían su medida socioeducativa (la pena impuesta por el juez); y en el Hogar de Tránsito, en donde los infractores permanecen hasta 90 días para investigaciones, un total de 80 jóvenes esperaban su sentencia.

Actualmente, el Hogar de Tránsito está descongestionado; mientras que en el instituto se incrementó el número de jóvenes infractores.

Medidas socioeducativas
Según la Ley de la Niñez y Adolescencia, las penas impuestas a los jóvenes son consideradas medidas socioeducativas.

Entre ellas constan la libertad asistida (trabajos comunitarios), semilibertad (acudir sistemáticamente a las autoridades) y el internamiento, que, dependiendo de la infracción, llega hasta los cuatro años. El asesinato es el  hecho más grave.

La funcionaria se quejó porque la libertad asistida y la semilibertad no se aplican en la mayoría de los casos.
Por lo general, el juez otorga únicamente la libertad o el internamiento.

“Ello se debe a la falta de infraestructura, pues no existen los medios para que los jóvenes realicen trabajos comunitarios o que las autoridades ejerzan el control a los que se benefician de la semilibertad”, señaló.

La subsecretaria le apuesta a las medidas intermedias, pues piensa que con estas los chicos aprenderían a ser responsables y se reivindicarían.

Para ella, el cambio es posible pese a que la mayor parte de jóvenes tienen hogares de padres separados, o no los tienen.

“Son menores abandonados, o sus padres cumplen una pena en la cárcel, ellos reciben el ejemplo de sus progenitores y siguen el mismo camino”, aseveró una empleada del ministerio de Justicia.

En tanto, la fiscal Córdova destacó la ayuda del Ministerio Público, que contrató tres defensores públicos para que trate solo los casos de menores.

Sin embargo, criticó la vacancia judicial (descanso) en los juzgados de la Niñez y Adolescencia, pues durante este periodo no hay personal para despachar los oficios y los juicios se dilatan.

Mónica Vargas
Subsecretaria de Justicia
“El Gobierno nos asignó $ 1’600.000 a nivel nacional para los centros”.

Rocío Córdova
Procuradora de Menores
“De enero a julio se registraron 415 dictámenes de adolescentes”.