|
Suplementos
Servicios
|
 |
|
 |
 |
| |
|
|
|
|
| ¡A rendir cuentas, ya! |
|
Todo funcionario público comprendido o no en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que maneje recursos o bienes públicos, y los dignatarios o autoridades elegidos por votación popular, al inicio y al término de su gestión deberán presentar una declaración patrimonial que incluya activos y pasivos, y la autorización para que se levante el sigilo de sus cuentas bancarias a fin de poder identificar a los ciudadanos que ejercieron funciones públicas dentro del campo de la honradez y la rectitud.
De igual manera deben notarizar sus ofertas de campaña para que al terminar su gestión, demuestren que cumplieron sus promesas.
El rendir cuentas a la ciudadanía es una obligación legal, ética y moral. De existir graves indicios por la utilización de testaferros, la Controlaría tiene entonces la obligación de solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quienes hacen la función pública, pues con frecuencia esbirros, amigos, familiares o incondicionales prestan sus nombres para ocultar bienes mal adquiridos.
La rendición de cuentas deben realizarla todos los funcionarios y políticos del país y no hay por qué molestarse. Cuando nos hallamos próximos a un proceso electoral, muchos oportunistas buscan hacerse notar para sorprender a partidos o movimientos políticos, pues se creen imprescindibles en todo proceso electoral.
Rodrigo Contero Peñafiel,
Quito |
|
|
|
| Sobre las incautaciones I |
|
No voy a opinar sobre las incautaciones de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) a las empresas de la familia Isaías, muchas de las cuales las poseían desde antes que funcionara Filanbanco, puesto que siendo un asunto legal tendrá que resolverse en ese plano, no en este Gobierno, sino en otro que no ejerza una descomunal presión sobre la Función Judicial.
Sin embargo, sí me permito reclamar y sugerir por parte de la opinión pública, especialmente de la prensa, una veeduría para que dichas grandes empresas que dan empleo a miles de personas, no corran la suerte de todo lo que administra el Estado, la quiebra; pues ya existen antecedentes de lo mal que terminan bienes incautados desde antes por la AGD y la Policía, en asuntos penales: destruidos, como la hacienda de Caranqui en Quito y el edificio matriz del ex Banco del Progreso en Guayaquil, donde ahora funciona el Ministerio del Litoral, en evidente deterioro.
Sería terrible para el país que tantas empresas símbolos de dinamismo, se conviertan en botín político o caja chica de personas que estando en bancarrota, ahora como administradores, pretendan darse la dulce vita con dinero ajeno. También deben recordar que si quiebran las empresas, serán responsables el Gobierno y los malos administradores, y deberán responder por eso ante la ley, porque el poder no dura para siempre.
Felipe Íñiguez Sánchez,
Quito
Yo soy un perjudicado de los bancos quebrados. Anduve mendigando dinero a mis familiares porque mis ahorros fueron incautados por Isaías y los 40 atracadores.
He salido a flote gracias a mi preparación académica y a mi “cara de Rumiñahui”, ¡no había otra forma! El presidente Correa Delgado, sea para bien o para mal, actuó en el momento preciso. Estos atracadores no podían seguir burlándose del pueblo ecuatoriano. Estoy ciento por ciento con él; asimismo, el 90% del pueblo está con él.
Ya trajeron al país a Carolina Cabrera (hija del ex notario Cabrera); se está atrás del hermano de esta, pues se sabe que se encuentra en Venezuela; y hay que seguir con las fortunas de los funcionarios públicos que de la noche a la mañana aparecen con grandes riquezas. ¡No a la libertad del atraco!
Juan Carlos Sánchez,
Guayaquil |
|
|
|
| Sobre las incautaciones II |
Con total asombro y preocupación he visto que la AGD, luego de haber querido ser por algunos desmantelada, fue por otros resucitada encomendándosele la fantástica aventura –perdón– la tarea de “cobrar” para poder “pagar” a los “acreedores” de la banca cerrada; especialmente a los “perjudicados” del ex Filanbanco.
Se dijo que el hueco de los 600 millones de dólares correspondían a la cartera de deudores de Filanbanco, entonces ¿dónde están los juicios por esos 600 millones de dólares?, ¿dónde están los embargos, las prohibiciones de enajenar bienes a esos deudores, la prohibición de salida del país, y demás procesos que debería haber realizado la propia AGD en contra de los deudores de Filanbanco? Nada han dicho referente a los procesos judiciales que debió, obligatoriamente apegada a derecho, iniciar la AGD para cobrar a los deudores morosos de Filanbanco.
¿Dónde están los pagarés firmados por los deudores y los garantes?, ¿acaso han desaparecido? ¿No se debió demandar a los deudores y a los garantes, cobrarles a ellos?, ¿o dirán que han pasado más de 10 años y que los mismos se encuentran caducados, que no se los puede demandar? Si este fuera el caso, quienes deberían asumir las responsabilidades penales de la irresponsabilidad de haber permitido la caducidad de los documentos, ¿por qué no están tras las rejas quienes debieron en su momento ejecutar y hacer efectivas las garantías de los deudores?
Esperamos que no haya sido una estrategia, para cuando al no poder cobrar a los deudores, revertir la acción sobre los accionistas de la empresa, ¿o acaso Filanbanco ya no tiene deudores?, que nos digan a cuántos deudores han declarado insolventes. La respuesta es igual, nadie dice nada.
Se han arranchado empresas a Sansón y los que no son para ver dizque cuánto se recupera, queriendo despertar un resentimiento social (seudocomunista) contra una clase que si es verdad ha explotado al pueblo y sus trabajadores, no es menos cierto que ha sido el motor de la economía de nuestro país. Los propietarios deben justificar su propiedad, y si se equivocaron y ha tocado devolverles las empresas, ¿quién asume los gastos no presupuestados en que incurrieron las empresas para poder demostrar su propiedad; las pérdidas por los días de paralización de actividades de la empresa; el daño a la reputación de la misma y de los legítimos propietarios de las empresas incautadas; y el daño emocional a sus empleados y trabajadores, quienes son al final los que más perdemos porque esos gastos extras serán descontados de las escuálidas utilidades que las empresas generan anualmente?
Hólger Álava Heredia,
Guayaquil |
|
|
|
| Sobre las incautaciones III |
Se está haciendo al fin justicia en el caso de las incautaciones.
Muchas personas han visto con satisfacción que después de algunos años se intenta hacer justicia, luego de que muchos banqueros feriaron el dinero de todos los ecuatorianos. Sin embargo, es cierto que muy posiblemente todas esas empresas estén ahora en manos de otras personas, por lo cual deben demostrar los actuales dueños que son realmente sus propietarios y que no fueron simplemente endosadas las acciones para evitar que en un futuro estas compañías sean embargadas. Ya vimos cómo algunas industrias se opusieron rotundamente por la forma como se actuó, pero al fin terminaron cediendo, ya que no les quedó otra alternativa.
Nos sentimos muy bien acerca de estos hechos, aunque muchas personas entendidas en derecho indiquen que el fin no justifica los medios. A mí me indignó cuando vi al secretario general de la administración de la Presidencia, junto con directivos de cierta empresa, cuando anunciaban que se había llegado a un acuerdo para llevar una coadministración en los bienes incautados, para que así ni el país ni los empresarios pierdan.
Digo que me dio indignación porque el que debía estar ahí es el gerente de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) ya que supuestamente él es el indicado en estos casos. Me da mucha pena que el Presidente se deje manipular de unos cuantos, y finalmente quizás termine haciendo cosas que a personas como yo, muy a favor del Gobierno, nos decepcionen.
Cuidado señor Presidente, yo siempre estuve a favor de usted, pero con estos actos me estaría haciendo cambiar de parecer, no solo a mí sino a muchos de sus fieles seguidores.
Sofía Delgado Aumala,
Samborondón, Guayas
Me parece ‘recontrabien’ que se les incaute a los deudores, pero que ese dinero sirva para pagar hasta el último centavo que se debe, a los miles de ecuatorianos perjudicados por el Filanbanco.
Pero si la plata va a otros bolsillos, no valió de nada.
Laura Montero,
Madrid, España |
|
|
|
| Corporación para Seguridad |
|
Me refiero a la carta publicada ayer martes 12, titulada “No nos dan a todos la oportunidad de trabajar”, en donde el lector que la suscribe refiere de forma acertada a un mandato legal –y por encima de eso, ético y moral– en el cual se encuentran inmersas las instituciones del sector público, de servicio público, y aquellas financiadas con fondos públicos, y su obligación de dar a conocer por cualquier medio informativo, los puestos vacantes existentes para que las personas interesadas intervengan en los concursos públicos de oposición y merecimientos respectivos.
Cabe dejar constancia, por las afirmaciones equivocadas (sobre nuestra entidad) vertidas en la carta referida, que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil sí ha efectuado concursos públicos para llenar sus vacantes; los mismos que se han iniciado a través de convocatorias publicadas por la prensa para conocimiento y participación de la ciudadanía entera, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su reglamento y demás normas concordantes.
Roberto Ricaurte Bumachar,
abogado, director ejecutivo de Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Guayaquil |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Agenda |
 | |
| Guayaquil |
| Ventas |
|
Estrategias, capacitación de alto nivel organiza el 19 de agosto el curso ‘Cómo conseguir excelentes resultados de ventas en un ambiente de recesión global’. Dirigido a: gerentes de ventas, ejecutivos de ventas, mandos medios, profesionales de libre ejercicio e interesados en el tema. Lugar: Círculo Militar de Urdesa Central, Circunvalación Norte y V.E. Estrada. Informes: 240-3139. |
Más Actividades  | | |
|
| |
Ediciones Anteriores
