Iglesia y Fuerzas Armadas.- No recuerdo bien si fue García Márquez o Vargas Llosa, quien narraba, con la maestría tan propia suyas, las andanzas de algún dictador latinoamericano, general de charreteras mal habidas y entronizado en el poder, que aconsejaba a otro uniformado que ejercía también de dictador en un país amigo, que no se peleara con la Iglesia, que no se metiera con los curas en un subcontinente como el nuestro de inmensa mayoría de católicos donde el clero ejerce todavía gran influencia en la población pese a que la vida confesional o los golpes de pecho han decrecido en buen número en las últimas décadas.
Efectivamente, es un mal negocio para cualquier político pelearse con la jerarquía eclesiástica, desde clérigos sueltos hasta obispos, pues aunque la época actual difiera mucho de aquella en la que vivieron Papá Doc Duvalier o el Generalísimo Trujillo o Juan Vicente Gómez o Rojas Pinilla o Anastasio Somoza, la Iglesia sigue manteniendo la confianza de la población, como lo señalan las encuestas de las que el Gobierno es tan devoto.
El ejército del Vaticano, a través de sus soldados de la fe, puede influir en la feligresía acerca de la percepción que deben tener los ciudadanos sobre el accionar político del régimen que en arrebato de autosuficiencia y sobrevaloración, ha querido guerrearse con la Iglesia, lo cual le causará estragos en el futuro aunque triunfe en el próximo referéndum. Por lo menos en nuestra América Latina no es de buen juicio, sino todo lo contrario, que un político rompa lanzas con una institución que goza, quiérase o no, de un alto grado de respeto en la comunidad, lo que no quiere decir que el Gobierno esté impedido de defender sus puntos de vista.
En cuanto al segundo subtema de este artículo, no luce como algo positivo que el proyecto de Montecristi conceda a los integrantes de la Fuerza Pública la posibilidad de votar en las elecciones populares, por lo pernicioso que podría resultar para la nación que los militares y los policías caigan seducidos por la tentación de intervenir en política, y dejen la imparcialidad de obligatoria observancia para hacer un proselitismo que podría degenerar en consecuencias dañinas para la democracia.
En cambio, parecen acertadas dos propuestas: 1) Que las Fuerzas Armadas dejen de competir con los empresarios civiles en negocios que nada tienen que ver con sus tareas específicas, pues “solo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional”, lo cual ya consta en la Constitución del 98, y 2) La eliminación de la frase aquella de que entre las misiones de las Fuerzas Armadas está “la garantía del ordenamiento jurídico”, ya que, en la práctica, las Fuerzas Armadas, en el pasado reciente por no hablar del pasado lejano, no hicieron respetar el Estado de Derecho cuando ocurrieron las defenestraciones de los Presidentes de la República en los últimos doce años, y en otros múltiples casos de flagrantes violaciones de la democracia. ¿Acaso hicieron algo las Fuerzas Armadas para evitar la entronización de la Pichicorte por parte de Lucio Gutiérrez el 2004? ¿Actuaron las Fuerzas Armadas para impedir la destitución arbitraria de los legisladores el 2007 por parte del Tribunal Supremo Electoral? Se hicieron de la vista gorda y no cumplieron con el mandato constitucional, por lo que sirvió de nada que la frasecita conste en la Norma Fundamental.
Pero lo que está claro es que el Estado tiene como deber ineludible y permanente, bregar por la profesionalización integral, sin desvíos, de su Fuerza Pública.