Funcionarios del Municipio de Guayaquil se reunieron ayer en la tarde para analizar el contenido de la nueva Ley de Contratación Pública y el reglamento expedido por el Presidente de la República, que fue enviado al despacho municipal el pasado 11 de agosto. 

Allí se revisaron algunas reformas con las que no está de acuerdo el Cabildo, como la presentación de un plan anual de contratación donde consten las obras  y servicios  que planifica ejecutar el Municipio cada año, informó Jorge Berrezueta, director de Obras Públicas.

“El problema es qué pasaría con las convocatorias que se realizan en una emergencia. Son obras que no están en el plan, pero tendría que hacérselas”, indicó.

Explicó que tras la vigencia de la  ley, todos los proveedores, hasta los medios impresos en donde se publican las convocatorias, deben  enviar sus datos al Registro Único de Proveedores (RUP).

Según Pedro Robelly, subcontratista, que ha trabajado para varios consejos provinciales, la creación de este sistema que permitirá la contratación de proveedores a través de un portal  web es una ventaja.

“Esta modalidad daría la oportunidad de  presentarnos a muchos, porque hay ‘elegidos’ en los concursos”, dijo.

Pero representantes de fiscalizadoras,  como Reynaldo Benalcázar, sostienen que no están de acuerdo con la ley por la eliminación de los informes previos de Contraloría y Procuraduría para los contratos.

Indicó que las observaciones a los procesos hay que hacerlas antes y no después, “pues traerían complicaciones a la ejecución de las obras”.