La democracia es una forma de gobierno en la que la autoridad nace del pueblo. Los funcionarios ejercen su autoridad no por que hayan sido escogidos por Dios, o por su apellido o por ser miembros de un club, sino porque los hemos elegidos todos nosotros como una unidad, en votaciones universales, públicas e igualitarias. Por eso se dice que la soberanía popular es indivisible. (Rousseau).

La autoridad del Presidente nace de su elección popular, aunque a veces la desmerezca. La de los ministros, del hecho de que son designados por quien ha sido elegido popularmente. Y lo mismo puede decirse de los demás servidores del Poder Ejecutivo. La autoridad de los diputados nace igualmente de su elección popular.

Lo ideal sería que los altos magistrados del Poder Judicial y los fiscales sean elegidos popularmente, tal como sucede en algunos estados de  Estados Unidos. Pero allí donde esto no sucede, son designados conjuntamente por el Presidente y la legislatura –dos órganos elegidos democráticamente– siguiendo procedimientos públicos.

Igual cosa sucede con otros altos funcionarios como el Fiscal, el Contralor, los superintendentes, el Procurador, etcétera. En fin, en una democracia no se concibe que una autoridad no tenga un origen democrático, directo o indirecto.

Tan importante principio es violado por el proyecto de Montecristi. Los magistrados, el Fiscal, el Contralor, los superintendentes, la llamada función electoral y otras autoridades de enorme trascendencia no solo que no serán elegidos directamente por el pueblo o ratificados en votaciones universales (lo que sí hubiese significado un cambio a pesar de sus problemas…) sino que ni siquiera  serán designados por órganos elegidos democráticamente.

Se propone que la selección la haga un “Consejo de Participación Ciudadana”, cuyos directivos no serán elegidos en elecciones universales sino que serán “seleccionados de entre los postulantes que propongan los movimientos sociales y la ciudadanía”, cuyos líderes, a su vez, tampoco son elegidos universalmente.

En efecto, los líderes de los movimientos sociales son elegidos por sus miembros, no por todos los ecuatorianos. Y está bien que así sea porque estas corporaciones luchan por visiones sociales particulares (indígenas,  gays,  obreros, ambientalistas, lesbianas, consumidores, etcétera.) y cuya vitalidad consiste precisamente en presionar al Estado desde fuera.

Por muy respetables que sean, por ejemplo, los dirigentes de la Conaie, ellos no son nuestros representantes, pues, no los hemos elegidos en forma universal e igualitaria. ¿Con qué derecho, entonces, van a designar a funcionarios que van a vigilar a quienes sí han sido elegidos democráticamente, y a ejercer autoridad sobre todos nosotros, como son el Fiscal, el Contralor o los magistrados? Cuando un juez dicte sentencia o un fiscal acuse, ya no lo hará realmente en nombre de la república, ya que ningún órgano democráticamente elegido los ha seleccionado.

¿Esta es la democracia de la que tanto se ufanan? Que el sistema actual necesitaba ajustes nadie lo duda, pero lo que se propone es peor. Es introducir un enorme enclave corporativista en una sociedad que necesita más democracia, no menos democracia.