La Fiscalía de la Nación reabrió la investigación antes de establecer responsabilidades penales en el caso de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en el que estarían implicados el ex presidente de la República, Gustavo Noboa, y su ex ministro de Energía, Pablo Terán.

Así lo anunció el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, quien explicó que la decisión de reactivar el caso, iniciado en el 2002, se dio por las serias presunciones de que se cometieron varios delitos, que incluye un sobreprecio en la obra de más de 800 a 1.474 millones de dólares.

El caso, archivado por la ex fiscal Mariana Yépez, según el denunciante y ex diputado roldosista Víctor Hugo Sicouret fue desestimado bajo el argumento de que no contaba con la traducción del contrato que suscribió Terán, con el aval del gobierno de ese entonces.

El caso fue reabierto en abril pasado, en cumplimiento de las disposiciones legales que permiten reactivar un proceso cuando existe la incorporación de nuevas pruebas, sostuvo Pesántez, quien informó que la investigación avanza con la realización de varias diligencias.

Entre estas, la traducción del inglés al español de los contratos y la toma de versiones de personas que conocieron la supuesta infracción.

Uno de los delitos sería el sobreprecio y la evasión de impuestos al Servicio de Rentas.