En la próxima consulta popular no se escogerá entre candidatos de distintas tendencias, circunstancia en la cual cada fuerza política necesita influir en las decisiones electorales, sino que se reducirá a aprobar o no aprobar un proyecto de nueva Constitución. Sobre este asunto, la casi totalidad de integrantes de los tribunales electorales coinciden con la línea oficial, por lo que el partido de Gobierno no necesitaba aumentar su influencia en los tribunales electorales. Por el contrario, con los cambios resueltos, la minoría que se opone a la aprobación del proyecto no podrá conocer la marcha interna del proceso.

Grave anomalía esta, de la que deberán tomar nota los organismos internacionales observadores para evitar posibles denuncias posteriores.