Lunes 11 de agosto del 2008 Sucesos

Latente impunidad en crímenes que se cometen en Manabí

PORTOVIEJO

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MANTA. Familiares de Luis Alberto Moreira Paredes, de 24 años, retiran su cadáver de la morgue. El joven fue asesinado con un tiro en la cabeza el pasado 19 de julio, en la av. Flavio Reyes.

Solo dos de los 162 asesinatos de este año en esa provincia están por  ser resueltos en la Corte.

El ruido que dejan escuchar las motos cuando transitan por las carreteras, calles y avenidas de Manabí provoca más de un susto entre sus pobladores.

El temor a los motorizados es más latente en Manta, donde los responsables de la mayoría de los 61 asesinatos ocurridos, hasta el 3 de agosto pasado, utilizaron motos para cometerlos y así poder huir con rapidez.

Esa modalidad también se usa en Chone, el segundo cantón manabita donde más crímenes se han cometido, desde enero hasta el viernes pasado, después de Manta. En suma son  100 los asesinatos entre ambos y 162 ocurrieron en Manabí.

De estos crímenes, solo dos  están a punto de ser resueltos: El relacionado a la muerte del policía Wilson Cepa y el de Carlos Aray, este último es  sobrino del fiscal de Chone, Gabriel Solórzano; es decir que al momento nadie ha tenido sentencia por estas 162 muertes registradas en esta provincia.

Pero Manta no es la única ciudad golpeada por la delincuencia, emulando hechos acontecidos en la década del ochenta, con la presencia de Ángel García, o del noventa, con Rodolfo Párraga Llorenty, Chone es considerada unas de las más peligrosas del país, en relación al número de los atentados que se han efectuado en el 2008.

Patricio Herrera, comandante provincial de la Policía, dice que estos indicativos señalan que en este año en Manabí se ha incrementado el crimen agravado, que se origina por ajuste de cuentas, venganzas entre familias o por el hecho de que las personas que se han visto afectadas no confían en la Policía y actúan por cuenta propia.

Pero Herrera descartó que el alto índice de crímenes se origine por hechos relacionados al sicariato. “Desconozco si existen crímenes por encargo o sicariato en Manabí, ese tinte que le dan los medios lo único que hacen es perjudicar a ciudades turísticas como Manta, pues si bien han existido asesinatos, estos son aislados y no son producto de asociación o conformación de bandas para cometer estos actos ilícitos”, dijo.

Sin embargo, el ministro fiscal de la provincia, Agustín Zamora, cree que hay indicios que hacen pensar que existe una organización delictiva que sí hace trabajo por dinero para acabar con la vida de otras personas o encargo.
“Es probable que así sea”, dijo  el funcionario, que es más preciso y asegura que, en el país, Chone es la ciudad que proporcionalmente en relación a la población tiene el mayor número de muertes violentas.

El reclamo de las poblaciones afectadas por el impacto delincuencial en Manabí tuvo eco en el Gobierno y ya se puso en marcha el Programa Operativo de Reacción de Impacto, que se inició con mayor incidencia en Chone, donde se desplegó un contingente de 80 policías.

Mientras, Valentina Ramia, subsecretaria de Seguridad Ciudadana, se comprometió a enviar 400 gendarmes más a la provincia. “El operativo en Chone es muy especial, pues incluye más presencia de policías en controles de armas, al igual que revisión de salidas de vehículos en carreteras, los vidrios polarizados y la dotación de un personal nuevo de inteligencia para realizar seguimientos a las bandas organizadas que tienen presencia en ese cantón y en otros”, declaró la  funcionaria en días pasados.

El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, ratificó que serán 100 las Unidades de Policía Comunitaria, y la reconstrucción de 16 cuarteles en Manabí, aunque reconoció que faltan por definir los estudios de las obras, llamados a licitación, y otros componentes para continuar con este proceso de reestructuración de la infraestructura física de los lugares de asentamientos de los policías.

Fiscales entre  los testigos protegidos
En Manabí existen 126 personas que constan dentro del programa de testigos protegidos y en este grupo también están los fiscales que los investigan.

Agustín Zamora, ministro fiscal de la provincia, hace referencia a dos de sus compañeros que fueron afectados por el acoso de delincuentes.

Uno de ellos es Ramón Peralta, fiscal del cantón El Carmen, quien recibió amenazas de muerte de varias personas vinculadas a un caso de extorsión, en el cual intervino.

Otro que recibió amenazas es Pedro Cornejo, presidente del IV Tribunal Penal de Chone, quien indica que es necesario que los policías que laboran en Manabí tengan un periodo de rotación, para evitar supuestos nexos con sectores ligados a actos delictivos, como denunciaron habitantes de Chone.

Esta propuesta fue bien recibida por el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, que indicó que “es una medida profiláctica”, pues de quedarse mucho en las ciudades, los policías podrían inmiscuirse en temas de intereses locales.


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