El seguro universal obligatorio, que incluye a nuevos asegurados financiados por el Estado,  también contempla la prestación de contingencias por enfermedades. La red pública de salud, que estará bajo la rectoría del Estado, incluye a las de seguridad social, así como entidades de gobiernos seccionales.

Pasar del seguro general obligatorio –que cubre todas las contingencias establecidas en la ley, incluida la de enfermedades– a un seguro universal obligatorio, es lo que plantea el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente.

El actual seguro general obligatorio se sustenta con las aportaciones de los afiliados con  dependencia laboral y que, por el  principio de solidaridad, se hace extensivo a los beneficiarios del Seguro Campesino, que también recibe fondos estatales.

El artículo 34 del proyecto establece un nuevo escenario: el seguro universal obligatorio  incluye a las personas que realizan trabajos no remunerado en los hogares (amas de casa), actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a desempleados.

Según el artículo 369, el Estado financiará las aportaciones de quienes por su situación laboral no pueden hacerlo, esto es a las amas de casa; y según Germánico Pinto,  asambleísta de PAIS,  el Estado también financiaría las prestaciones de “personas que están cerca de los 65 años y ya no pueden empezar un proceso de cotización que les permita tener una jubilación por su cuenta”.

La inclusión de los desempleados, según Pinto, se refiere a quienes han estado aportando al sistema de seguridad social, pero por alguna razón se quedan sin trabajo. “Se trata de que en ese tiempo de transición, mientras consigue otro empleo, reciba un apoyo”. En tanto, que quienes se dedican a las actividades de autosustento en el campo, pasarían a ser parte del Seguro Social Campesino.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ecuador solo alrededor del 16% de la población tiene seguridad social. “Es por ese 80% o más de la población que está desprotegido, que se plantea el seguro universal obligatorio”, dice la asambleísta de Alianza PAIS, Betty Tola.

La inclusión de nuevos beneficiarios, según Pinto, va a  permitir que se vayan modificando algunas cosas en la forma como opera el sistema y “se deberán buscar mecanismos a través de los cuales se haga una ampliación efectiva de la cobertura”.

Esa cobertura en materia de salud, ¿estaría garantizada considerando que aumentan los beneficiarios de la seguridad social? El artículo 369 establece que  “el seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley.

Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud”.

Según eso, dice Pinto, en salud no va a ser necesario pasar por un seguro social obligatorio, pues la salud es un derecho que garantiza el Estado. “Lo que sí está claro es que el IESS atiende el seguro universal obligatorio para sus afiliados”, puntualiza.

Sin embargo, el proyecto de Constitución no establece si los nuevos asegurados pasarán a formar parte del IESS. “La idea es que haya un organismo que maneje todo lo que es previsión social, que puede ser el IESS, como no puede ser el IESS, dice el asambleísta.

Los hospitales y centros médicos del IESS, además de los hospitales públicos y otros establecimientos de gobiernos seccionales, donde se incluyen los municipales, integrarán la red pública integral de salud, según el artículo 360.

Todos esos establecimientos, dice Tola, ya funcionan como una red que hace referencias y contrarreferencias, es decir, que se refieren pacientes a otras clínicas y hospitales cuando no se cuenta con determinado servicio médico. “La idea es que tengamos mejores niveles de coordinación”, puntualiza.

Pinto añade que cada establecimiento, desde su autonomía, participará de este sistema que, según el artículo 361 estará bajo la rectoría del Estado. “Evidentemente, el IESS tendrá que irse adaptando a esas políticas nacionales para que funcione la red en forma adecuada”, dice.

Actualmente, el IESS tiene 19 hospitales, 23 centros y 46 unidades de atención ambulatoria, repartidas en las 24 provincias del país. Sin embargo, solo 3 de los 19 hospitales pertenecen al nivel 3, que incluye atención en la mayoría de especialidades médicas.

Así, mantiene convenios con clínicas privadas e instituciones autónomas para prestar a sus afiliados los servicios médicos con los que no cuenta.  Sin embargo, para los que puede ofrecer, los asegurados en ocasiones deben esperar meses para ser atendidos por la alta demanda.

Por ser parte de la red pública de salud actual atiende también a no afiliados en ciertas emergencias. Así, en el 2007, de las 2’814.433 consultas externas, 24.937 correspondieron a no afiliados. En tanto, tiene un promedio diario de 11.567 consultas. Según datos de la propia institución, hasta el año pasado el IESS tenía 1’584.420 asegurados.
Hay 1,11 camas por cada 1.000 afiliados, mientras que por día el promedio es de 206 intervenciones quirúrgicas.

Todo el servicio que brinde adicionalmente el IESS deberá estar debidamente  presupuestado y financiado, manifiesta el director general del IESS, Ramiro González.

El asambleísta Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) considera que el derecho al seguro universal no se va a poder cumplir en gran medida. “El Estado en algún momento tiene que cubrir el déficit que mantiene con el IESS, comprendido entre los 5 mil y 10 mil millones de dólares, y si a eso se le agrega una base de afiliados, cuyas aportaciones estarán financiadas por el Estado, llegará un momento en que el Estado no tendrá cómo cubrir todo eso y tendrá que escoger entre cubrir el déficit de los actuales afiliados o cubrir a los nuevos porque no va a poder asistir a los dos grupos”.

Aunque no es la idea –prosigue– indirectamente los afiliados con dependencia laboral absorberán los gastos de las prestaciones de los asegurados por el Estado.

Actualmente, del 21% que paga el afiliado, el IESS destina el 4,5% para salud. El presupuesto programado para este año en salud es de $ 550’010.795.

Entidades autónomas
El proyecto de Constitución en su artículo 366 señala que el Estado podrá apoyar financieramente a las instituciones autónomas sin fines de lucro que garanticen gratuidad en las prestaciones y cumplan las políticas públicas.

“Nos referimos a Solca y hospitales de la Junta de Beneficencia que ya reciben aportes del Estado. En este momento no está planteado que las instituciones autónomas integren esa red, pero deberíamos buscarlo en el futuro”, refiere Tola.

El proyecto en su artículo 362 establece que los servicios públicos estatales de salud serán gratuitos. ¿Cómo garantizarlo? Según Pinto, la idea es que el Estado vaya creando una infraestructura hospitalaria y un sistema de prevención.

En tanto, la vigesimosegunda disposición transitoria, acogiendo los resultados de la consulta popular del 2006, señala que el Presupuesto General del Estado destinado a salud se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos un 4%.

Según Tola,  es un mecanismo claro que permitirá avanzar en la gratuidad y universalidad.

Empero, ese porcentaje no necesariamente representa más dinero, estará sujeto a los resultados de la política económica.