A más de un año y medio de que la concesionaria Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE) administra el puerto de Manta, el avance de obras para convertirlo en un centro internacional de transferencia de productos es mínimo.

El retraso evidencia las confrontaciones que existen en torno al proyecto, incluso entre algunos miembros del actual directorio de la Autoridad Portuaria de Manta (APM) con otros ex funcionarios de esa entidad encargada de fiscalizar la ejecución del plan de concesión.

La presidenta de APM, Lucía Fernández, es una de las  críticas de TIDE, al punto que especula que la concesionaria mantiene represada la inversión hasta que la reemplacen en el cargo que ostenta.

“Tratan de desprestigiar esta administración para que luego venga un redentor y allí sí van a fluir los recursos que la Hutchinson (Port Holdings, que es la operaria china que tiene el 95% de las acciones de TIDE) me imagino tiene aprobados para la compra de equipos”, refiere.

Fernández, quien desde hace ocho años es miembro del directorio de APM, critica la afectación de los intereses de “empresas mantenses” dedicadas a la prestación de servicios.

La funcionaria puso como ejemplo a la empresa Rebarbo, que se encargaba del desembarco de los más de 20 mil vehículos que en promedio se importaban por el puerto  hasta antes de que TIDE asuma la administración.

Dicha compañía privada fue contratada cuando Autoridad Portuaria administraba el puerto para que diera servicios complementarios a las naves en el manejo de su carga.

El propietario de la firma, Ricardo Barbotó, denunció la presunta afectación, lo que perjudica “la mano de obra calificada y preparada de la ciudad”, tal como la presidenta de APM lo expuso en una de las diapositivas que presentó.

Pero el contrato de concesión firmado en noviembre del 2006, cuando el presidente era Alfredo Palacio y el presidente de APM, Trajano Andrade (asambleísta de  PAIS), no establece una cláusula que garantice la permanencia de  operarios  contratados cuando el Estado administraba el puerto.

 Aunque el retraso en el inicio de las labores para construir los muelles pesqueros en un área que se utilizará principalmente para el desembarco de atún fue el punto de quiebre entre APM y TIDE. La obra debió iniciarse en mayo, según el proyecto de desarrollo de la concesión que presentó la concesionaria y lo aprobó la APM.

El muelle pesquero debe financiarse con la contraparte nacional al proceso de concesión que se fijó en $ 55 millones, mientras que TIDE se comprometió a invertir más de $ 475 millones durante los 30 años que permanezca como administradora de las instalaciones.

El gerente de TIDE, Paúl Gallie, quien se encuentra en el exterior, detalla en un comunicado que el fideicomiso formado por APM para financiar la obra en mención se estableció sin las debidas garantías para el pago de las labores cuando se requiera el dinero.

Gallie determina que APM suscribió el contrato de fideicomiso en mayo, sin la adhesión de la Corporación Andina de Fomento, que prestará a APM unos $ 35 millones para financiar la contraparte nacional.

 “No estamos requiriendo que los $ 55 millones se encuentren en una cuenta bancaria (...) pero tampoco es la solución adecuada el contar con disponibilidad económica para unos pocos meses y tener la incertidumbre para las demás obligaciones contractuales”, justifica Gallie.