Como un rito imprescindible en su vida, la primera acción que realiza Lourdes Pérez cuando despierta por las mañanas es ponerse de pie frente a una fotografía de su hijo Cristian Ortiz, que a los 18 años  desapareció en el naufragio del 13 de agosto del 2005.

Desde que en junio pasado la Municipalidad inauguró el monumento al Migrante, también va al cementerio cada semana. La acompaña su madre, Manuela Montero, quien perdió en ese suceso a su hija, Bertha Pérez, y a su yerno, Manuel Chaca, y desde entonces cuida de sus tres nietos: Bryan (de 8 años), Marlon (7) y Dennis (6).

Aunque Pérez no es presidenta de la Asociación 13 de Agosto, desde el 2007 se encarga de llamar a los familiares de las víctimas para que asistan a reuniones y a cursos, que con su compañera Angelita Llanos gestiona en varias entidades como la Casa del Migrante, que desde este mes las capacita con un segundo curso de panadería.

Ella lamenta que el presidente de la asociación, Guillermo Brito, esté desvinculado de la organización, por eso asume las actividades. “La idea es mantenernos unidos para así acompañarnos y tratar de mejorar la situación económica, que para todos es grave”, expresa.

Una preocupación en su vida es la constante intención de viajar ilegalmente a EE.UU., especialmente de las viudas de los desaparecidos.
“El abandono del Gobierno a estas mujeres y a sus hijos hace que algunas piensen incluso en quitarse la vida, y eso no es justo para los pequeños”, insiste.

A Zoila Guncay le impiden  viajar sus cuatro hijos, dice su hermana Rosa, quien, con una carga de hierba en su espalda y su hijo de un año, baja del cerro Chimanes, en San Juan de Gualaceo, a cuidar a sus sobrinos.

Rosa dice que su hermana aún debe al banco más de  10 mil dólares y no puede dejar de trabajar para pagar aquella deuda. La falta del certificado de defunción de su esposo le impide obtener la condonación del compromiso bancario.