Una de las supuestas virtudes del proyecto de nueva Constitución es que supuestamente ya no mandarán los partidos sino la sociedad civil, que le arrebatará el poder a la partidocracia a través del flamante Consejo de Participación Ciudadana.
Este nuevo organismo designará jueces, fiscales, el Procurador, el Contralor, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo, todos los superintendentes y los máximos organismos electorales. ¡Fíjense cuánto poder en manos de un solo organismo!
Pero para conocer la verdad de la milanesa lean el Título IV, “Participación y organización del poder”, comparándolo con el “Régimen de Transición”, el documento aquel que apareció a última hora en Montecristi y que muchos asambleístas todavía se preguntan quién lo aprobó.
Allí encontrarán que la trampa radica en que el Consejo de Participación Ciudadana será elegido mediante concursos que organizará el Consejo Nacional Electoral, pero a su vez el Consejo Electoral será el encargado de organizar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana.
En otras palabras, el organismo X crea el organismo Y para que a su vez Y organice a X. ¿Cuál será primero, el huevo o la gallina?
La nueva Constitución encontró una linda manera de romper este círculo vicioso perfecto que ella misma creó: por esta “primera vez”, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Electoral serán organizados… por la actual Asamblea Constituyente (elegida antes de que entre en vigencia la nueva Constitución). ¿Se acuerdan cuando el viejo Congreso también resolvió que “por esta primera vez” ellos organizarían la Corte Suprema de Justicia?
A partir de que la Asamblea Constituyente rompa el círculo vicioso, ambos organismos, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Electoral quedarán sueltos, sin ningún control, y se renovarán a sí mismos sin intervención de nadie, con lo cual todos los jueces, fiscales y las instituciones de control que vengan serán hijas, nietas, bisnietas y tataranietas de la mayoría oficialista actual. Alianza PAIS podría incluso perder las elecciones a Presidente y a diputados y aun así conservaría una cuota enorme de poder.
El antiguo dueño del país también gobernaba sin presidentes ni diputados. Le bastaba con tener bajo sus órdenes a los jueces y a los organismos de control. De ese modo la corrupción prosperó y nos sumió en la postración que hoy lamentamos. La diferencia es que antes el sistema violaba la Constitución y ahora en cambio contará con la bendición de la nueva Carta Magna.
Y aquí viene la pregunta obvia: ¿para qué necesitan los dueños del país controlar jueces, fiscales y organismos de fiscalización? Para que queden a salvo las reuniones secretas de los pativideos, para que el ex superintendente de Compañías que cobraba diezmos no esté intranquilo, para que continúen las emergencias que nunca terminan y que permiten contratos millonarios sin licitación, para seguir comprando armamento, etcétera.
Algunos dicen que “no importa que lleve, pero que trabaje”. No estoy de acuerdo, el flagelo de la corrupción es una de las causas principales de nuestra desgracia. Así que no hablemos de poder ciudadano, por favor. Pongámosle su verdadero nombre: poder corruptor.