El vicepresidente Ramón Carrizález rechazó ayer  las afirmaciones de  quienes acusaron al gobierno de haber influido en la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia que avaló las inhabilitaciones de 272 funcionarios, la mayoría opositores.

El máximo tribunal del país emitió esta semana tres sentencias en las que respaldó las inhabilitaciones políticas que acordó la Contraloría General contra esos funcionarios, señalados de irregularidades administrativas.   Los fallos cerraron la posibilidad a los inhabilitados de postularse para las elecciones regionales de noviembre.

Correspondió a otros poderes darles la debida respuesta a las inhabilitaciones. Nosotros somos respetuosos de las competencias de cada uno (de los poderes), dijo Carrizález a la televisora estatal.

Contrariamente a lo que andan diciendo sobre que el presidente Hugo Chávez le dio instrucciones a un poder para inhabilitar y otro para que lo legalizara, todo eso es completamente falso, agregó.