La familia de Enrique Duchicela  presentó una demanda ante la Fiscalía de Pichincha contra las Fuerzas  Armadas ecuatorianas y el Estado  por encubrimiento, omisión de información  y desaparición forzosa.  El caso es el Nº 140-2005 y solo está en   etapa de indagación previa. No ha sido  archivado; tampoco el fiscal de la causa, Marco Celi, ha dictado una  instrucción fiscal contra los presuntos responsables.

Además, el abogado de la familia, César Banda,  mediante  exhorto  solicitó a la justicia de Perú   las declaraciones del ex agente de inteligencia, Jesús Sosa, quien reveló que fue parte del equipo de personas que detuvo al suboficial ecuatoriano para ser trasladado al  sótano del Cuartel General de Lima,  conocido como  “Pentagonito”.

El objetivo es que se consideren las declaraciones de Sosa como una prueba plena para que arranque el proceso en  Ecuador.

Con estos antecedentes,  la  viuda de Duchicela,  Martha Escobar y sus hijas Jessica y Paulina,  se reunirán en los próximos días en Estados Unidos para analizar la posibilidad de presentar una demanda internacional contra Perú,  por el delito de crimen de Estado. 

También solicitarán al Gobierno del presidente Rafael Correa que, de oficio,  demande a Perú, de Estado a Estado, por el deceso  del suboficial.  Martha Escobar y sus dos hijas solicitaron el 16  de marzo del 2007, mediante una carta, una audiencia al  presidente Rafael Correa  para explicarle el caso. No hubo respuesta y lo único que lograron es una  entrevista con su esposa,  Anne Malherbe.

En su afán de conseguir una cita con Correa, la familia intentó un contacto a través del actual ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, vinculado a las organizaciones de derechos humanos. Hasta la fecha no existe una respuesta al pedido y eso los mantiene en la incertidumbre. Manifiesta  que las puertas del Ejecutivo continúan  cerradas, igual que en gobiernos anteriores.