Muchos hospitales de Estados Unidos han asumido la responsabilidad de repatriar a los inmigrantes indocumentados enfermos o heridos de gravedad debido a que, argumentan, no pueden encontrar una casa de salud dispuesta a tratar a pacientes sin seguro.
El tema genera un dilema ético, pues los centros médicos están obligados por leyes federales a dar atención poshospitalaria a quienes lo requieren, sin importar su condición legal.
Las autoridades de gobierno estadounidenses no intervienen en las deportaciones privadas, por lo que se teme que se registren abusos.
En lo alto de las colinas guatemaltecas, encerrado en la casa de una sola habitación donde pasa día y noche en una cama, Luis Alberto Jiménez no tiene idea de la batalla legal que se arremolina en torno a él en Florida.
Mientras espanta moscas y le sonríe a su madre —la diminuta mujer es la única que lo cuida— Jiménez sigue ajeno al hecho de que ha llegado a representar el choque de dos sistemas estadounidenses defectuosos: la inmigración y el cuidado a la salud.
Hace 8 años, Jiménez, de 35 años, inmigrante ilegal que trabajaba como jardinero en Stuart, Florida, sufrió lesiones de consideración en un accidente automovilístico con un residente de Florida en estado de ebriedad. Un hospital comunitario le salvó la vida, dos veces, y, después de no poder encontrar un centro de rehabilitación dispuesto a aceptar a un paciente sin seguro, lo atendió durante años a un costo de un millón 500.000 dólares.
Lo que sucedió después preparó el escenario para una continua batalla legal con repercusiones: Jiménez fue deportado —no por el Gobierno federal, sino por Martin Memorial, el hospital. Después de ganar una orden de un tribunal estatal, que más tarde sería declarada inválida, el Martin Memorial rentó una ambulancia aérea por 30.000 dólares y “lo regresó a la fuerza a su país de origen”, como lo describió un administrador del hospital.
El caso de Jiménez expone una práctica poco conocida, aunque aparentemente generalizada. Muchos hospitales estadounidenses han asumido la responsabilidad de repatriar a inmigrantes heridos o enfermos de gravedad porque no pueden encontrar una casa de reposo dispuesta a aceptarlos sin seguro. Eso crea un dilema para los hospitales, que están obligados por reglas federales a tramitar el cuidado poshospitalario para los pacientes que lo necesiten. Jiménez, que sufrió una severa lesión cerebral traumática, no ha recibido atención médica ni medicamentos —sólo Alka-Seltzer y oraciones, dijo Petrona Gervacio Gaspar, su madre de 72 años.
Durante el año pasado, su estado de salud se ha deteriorado con violentos ataques regulares, cada uno caracterizado por una caída, convulsiones prolongadas, balbuceos intensos, vómito de sangre y, al final, un colapso en la inconsciencia.
Las autoridades de inmigración estadounidenses no desempeñan ningún papel en estas repatriaciones privadas. La mayoría de los hospitales dice que no realiza traslados de cruce de frontera hasta que los pacientes están médicamente estables y que se encargan de poner al paciente bajo el cuidado de un médico en su país de origen.
Sin embargo, los hospitales operan en un vacío, sin ayuda ni supervisión del Gobierno, lo que deja espacio para muchas transgresiones.
“La repatriación es, en gran medida, una sentencia de muerte en algunos de estos casos”, dijo Steven Larson, experto en salud de migrantes y médico de la sala de urgencias en el Hospital de la Universidad de Pennsylvania.
“He visto pacientes subidos a empujones al avión, y una vez que esa persona está fuera de la vista, ya no es su problema”.
Ninguna agencia del Gobierno o grupo defensor de derechos lleva un seguimiento de estos casos.
Unos cuantos hospitales y consulados ofrecieron estadísticas que proporcionan vistazos del fenómeno: 96 inmigrantes al año repatriados por el St. Joseph’s Hospital, en Phoenix, Arizona; 10 regresados a Honduras de hospitales en Chicago desde principios del 2007; de los 87 casos médicos que involucraban a inmigrantes mexicanos manejados por el Consulado mexicano en San Diego el año pasado, la mayoría terminó en repatriación.
Muchos hospitales realizan repatriaciones de inmigrantes heridos y enfermos de gravedad sólo como último recurso. “Hemos realizado vuelos a Lituania, Polonia, Honduras, Guatemala y México”, dijo Cara Pacione, directora de trabajo social en el Hospital Monte Sinaí, en Chicago. “Pero de casi una docena de casos al año, probablemente enviamos de regreso a un par”.
El caso de Jiménez aparentemente es el primero en poner a prueba la legalidad de los traslados de pacientes, que son emprendidos sin el consentimiento de los pacientes o de sus tutores. Montejo Gaspar Montejo, primo político de Jiménez, que vive en Florida, fue nombrado su tutor. Desafió el intento del hospital de enviar a Jiménez de regreso a Guatemala.
Un tribunal del Estado permitió el traslado, pero en mayo del 2004, un tribunal de apelaciones de Florida anuló la decisión. El Cuarto Tribunal de Distrito de Apelaciones encontró que el juez del Estado de Florida había sobrepasado sus límites porque la deportación es prerrogativa del Gobierno Federal.
El tribunal también declaró que ninguna evidencia sustentaba la afirmación del hospital de que Jiménez recibiría cuidado apropiado en Guatemala.
El tribunal de apelaciones invalidó la orden del juez aunque, dado que Jiménez ya se encontraba en Guatemala, esa acción llegó demasiado tarde para él.
No obstante, podría afectar a otros. John DeLeon, abogado que asesora a los consulados de México, Honduras y Guatemala, en Miami, dijo que ahora aludía a este caso cuando recibía llamadas de hospitales que buscaban dar de alta a inmigrantes heridos o enfermos de gravedad.
“Ahora escribo lo que llamo mi carta Montejo Gaspar”, dijo DeLeon. “Es una carta que dice: ‘escuchen, no se deshagan de este individuo porque se estarán arriesgando a una acción legal. La ley dice ahora que los hospitales no se pueden deshacer de los pacientes inmigrantes sin asegurar un cuidado posterior adecuado. Si alguien tiene una enfermedad grave y necesita cuidado continuo, un hospital no puede simplemente darlo de alta y enviarlo a la calle, mucho menos ponerlo en un avión”.
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