El proyecto de nueva Constitución establece 29 normas relacionadas expresamente a los recursos naturales. “Hay un avance significativo con relación al texto constitucional de 1998”, señala la asambleísta Rossana Queirolo (antes de PAIS), miembro de la mesa 5 de Recursos Naturales.

Con ella coincide el presidente de Fundación Natura,  Xavier Bustamante, quien destaca la declaratoria de los Principios Ambientales y el reconocimiento de los Derechos de  la Naturaleza, temas  propuestos por la organización.

Ese último punto también generó controversia en Montecristi.  Asambleístas como Diana Acosta (antes de  PAIS) no están de acuerdo con el otorgamiento de Derechos a la Naturaleza. “Es el Estado el que tiene que asegurar un ambiente sustentable para el ser humano, y proteger y sancionar a quienes dañen al medio ambiente”.

En cambio, otros como Alberto Acosta  avalan la aplicación de esta norma. El ex presidente de la Asamblea cree que “el verdadero reto por el cual  será una Constitución innovadora  es que se reconocieron los derechos de la naturaleza, no como objeto sino como sujeto de derechos”.

Pese a esto,  ambientalistas advierten que poco servirá la vigencia de una nueva Constitución si no se revisa el Texto Unificado de la Legislación Ambiental (Tulas). “No hay que hacer borrón y cuenta nueva, no hay que eliminarla, pero sí es necesaria la reforma”, señala Xavier Bustamante.

Tito Mendoza  (Prian), miembro de la mesa 5, señala que hubo temas que pudieron reglamentarse en la legislación ambiental secundaria.

Mientras, Dionicio Cando, (Sociedad Patriótica) y Queirolo coinciden en que no hubo unidad en el tratamiento  de temas como los Derechos de la Naturaleza, la Gestión del Agua y la situación de Galápagos debieron debatirse en la mesa de Recursos Naturales. Esto  no sucedió ya que  fueron definidos por  otras mesas, como las números 4 y 7.