Gran porcentaje de custodios percibe  menos de $ 200 de salario y trabaja hasta 12 horas al día. 

Jornadas de más de ocho horas, descuentos por pago de uniformes o de cursos de formación,  multas que superan el 10%, que permite el Código de Trabajo, y tratos inhumanos son las denuncias que hacen los guardias de seguridad que laboran para las diferentes empresas.

Pese a la aprobación, en junio pasado, del reglamento para la aplicación del Mandato 8, que eliminó la intermediación laboral y la contratación por horas, ellos indican que siguen cumpliendo jornadas de más de ocho horas y en muchos casos perciben menos de la remuneración básica ($ 200).

Líderes de las compañías  aseguran que ellos sí están cumpliendo con la ley y critican que el Mandato 8 los quiera obligar a dividir sus utilidades con el Estado, pues esto no les convendría.

Atento al entorno que lo rodea, con una escopeta Mosberg en mano, Manuel (nombre protegido) cuida de un centenar de clientes que acuden, a  diario, a una empresa en el norte.

Su actitud sosegada contrasta con la preocupación que lo embarga. Un día antes su esposa dio a luz a su cuarto hijo, lo que le costó una multa de $ 25 por faltar a su trabajo en la compañía de seguridad donde labora desde hace tres meses.

“Fue una emergencia porque el niño nació prematuramente”, cuenta el custodio, a quien a pesar de la explicación que dio a sus superiores, le impusieron la sanción económica.

Él, al igual que otros 17 guardias de compañías de seguridad encuestados en diferentes sitios de la ciudad, aseguran ser maltratados, pues ganan de $ 150 a $ 200 al mes por trabajar jornadas de doce a catorce horas, durante seis días a la semana.

En un estudio realizado el pasado mes de abril por el departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía (COSP), se constató la precaria situación en que laboran en la ciudad algunos guardias privados, cuya mayoría  recibe remuneraciones inferiores a $ 200 mensuales, pese a que sus empresas cobran un promedio de $ 600 por sus servicios a quien las contrata.

Las irregularidades siguen a pesar de la aprobación, el pasado 3 de junio, del  reglamento  para la aplicación del  Mandato 8, que eliminó la intermediación laboral y la contratación por horas y dispone –como el Código de Trabajo– que un guardia de seguridad no puede trabajar más de ocho horas y no debe ganar menos de la remuneración básica ($ 200).

Franklin Gallegos, vicepresidente de  la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad e Investigación (Anesi), que agrupa a 370 empresas afiliadas a nivel nacional, defiende a su gremio y  refiere que los guardias que dicen ser maltratados “pertenecen a compañías deshonestas que han creado la idea de que todas actuamos igual”.

El empresario indica que solo en Guayaquil existen 10 mil guardias, entre legales y de empresas ‘fantasmas’.

No obstante, Gallegos, quien también es dueño de la compañía de seguridad Invescol, asegura que el sueldo promedio que debe percibir un custodio es de $ 315,83 (incluido el proporcional de los décimos cuarto y tercero), según una propuesta que envió al Ministerio de Trabajo y Empleo para que sea tomada en cuenta para fijar los salarios seccionales. “Es un sueldo justo y digno”, agrega Gallegos, quien asegura pagar ese valor a sus 90 empleados.

De los guardias encuestados solo dos tenían un leve conocimiento de todos sus derechos y de los beneficios laborales.

Mientras, uno de ellos, quien prefirió omitir su identidad por temor a ser despedido, esperaba con ropa de civil afuera de las instalaciones de una empresa, en el centro de Guayaquil, donde labora desde hace cinco meses, con la esperanza de que le paguen el sueldo de abril.

 “También me debían el de mayo, pero la semana pasada me pagaron $ 25 por el trabajo”, lamentaba el joven, quien señala que le cobraron el uniforme y costos por capacitación, lo que también está prohibido en el reglamento del Mandato 8 e incluso en el Código de Trabajo.

El hombre, que debe mantener a su esposa y dos hijos de edad escolar, cuenta que varios de sus compañeros atraviesan la misma situación al cobrar sus sueldos. “Venimos con la idea de coger por lo menos unos  $ 70 quincenales, pero a veces salimos hasta en contra”, dice el custodio, quien denuncia que el dueño de la empresa, que -según él- es propietario de otras dos compañías que dan seguridad, aplica un severo sistema de multas a sus empleados. 

Sin embargo, estos cobros no están contemplados en el Código de Trabajo, que estipula   que las compañías no pueden multar a sus trabajadores con más del 10% de su sueldo por mes.

En tanto, funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo dicen que desde mayo pasado se realizan visitas periódicas a todas las compañías de seguridad, para así constatar que estén  cumpliendo con la ley.

Beneficios laborales
‘No tendremos  ganancias’
Dueños de compañías de seguridad señalan que el art. 9 del reglamento del Mandato 8 también los afectará. En su contenido dice que los guardias participarán proporcionalmente del porcentaje legal de utilidades líquidas de la empresa usuaria  que contrate los servicios de la compañía complementaria (empresa de seguridad). 

“Esto hará que las empresas contraten menos guardias para evitar pagar más utilidades”, teme Franklin Gallegos. Sin embargo, el mismo artículo señala que el trabajador recibirá el pago de la empresa que más utilidades declare al final del año, es decir, si la compañía de seguridad tiene más utilidades que la usuaria, esta debe pagarles a los guardias. “El reglamento nos afecta”, sostiene Rafael Villón, jefe de operaciones de una empresa de seguridad que recluta a 250 custodios, quien agrega que con las nuevas exigencias no habrá utilidades.

Art. 9
Pago de utilidades
Los guardias participarán de las utilidades de las empresas a las que prestaron sus servicios. Si las de la compañía de seguridad superan a las de la usuaria, el trabajador recibirá las de esta.

Competencia desleal
‘Debe existir un valor mínimo’
“La mayor preocupación de las empresas legalmente constituida es la competencia desleal”, dice Xavier Manrique, quien empezó a dar seguridad  desde hace un año con un personal de tan solo 40 custodios.

El propietario de Manrique Seguridad señala que en el mercado existe gran cantidad de empresas ‘fantasmas’ que dicen tener permisos de funcionamiento y entregan pro formas más baratas a los clientes.

El empresario señala que estas compañías lucen más convenientes a los usuarios, pero no tienen el nivel de calidad necesario para dar un servicio de guardianía garantizado.

Gallegos, vicepresidente de Anesi, piensa que unas 700 empresas no cumplen con los requisitos de ley, por lo que solicitó al Ministerio de Trabajo establecer una tarifa piso para evitar la competencia desleal.

Art. 13
Infracciones de usuarias
Se prohíbe contratar a empresas de actividades complementarias, que no cuenten con la respectiva autorización de funcionamiento del Ministerio de Trabajo y Empleo.

Seguros de vida y accidentes
‘Los valores por pagar son altos’
Representantes de más de 300 empresas de seguridad se reunieron el pasado martes en la Cámara de Comercio de Guayaquil, para conversar sobre el reglamento del Mandato 8 y la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que según ellos los afecta en algunos puntos, como el pago de seguros de vida.

Franklin Gallegos señala que la implementación de seguros de vida y accidentes  tendrá un efecto contrario al esperado, pues al incrementar esos costos el valor final del servicio aumentará para el usuario.

“El costo que una empresa debe pagar por un puesto de guardia por las 24 horas aumentará de $ 1.800 (que se cancela actualmente) a $ 2.500 (con el incremento del seguro)”, dice el empresario, quien paga $ 30 mensuales por seguro de cada uno de sus guardias. “Contratar un seguro de $ 50 mil por muerte y $ 20 mil por gastos médicos es muy alto, parece   dedicatoria”.

Quinta
Disposición general
Las compañías de vigilancia y seguridad privada contratarán obligatoriamente una póliza de seguro de vida y de  accidentes para su personal, desde el inicio de su relación laboral.

Opiniones

María Gloria Alarcón
Presidenta de la  Cámara de Comercio
“Las leyes laborales deberían ser más flexibles, como pasa en los países más  desarrollados”.

Franklin Gallegos
Vicepresidente de Anesi
“Las compañías deshonestas nos hacen quedar mal a las que sí cumplimos con la ley”.