Para el fiscal de la Nación, Washington Pesántez, y el ministro de Justicia, Gustavo Jalhk, no existen argumentos jurídicos ni políticos que lleven a una eventual suspensión del referéndum del proyecto de Constitución, previsto para el 28 de septiembre próximo.

Con esas coincidencias, las autoridades respondieron el pasado jueves a los grupos de oposición, como Diego Ordóñez (UDC), que pidieron la suspensión del plebiscito por los supuestos cambios que  incluyó a última hora en el proyecto de Constitución, la comisión redactora.

Pesántez indicó que no existen mayores elementos para afirmar que se alteraron los textos, en vista de que la comisión  tenía la atribución de cambiar verbos y tiempos de conjugación en el proyecto.

Además, aclaró que no ha recibido ninguna denuncia, que no sea el pedido de inspección judicial presentado en la Fiscalía de Guayaquil. “Por desgracia, en el país, antes de presentar la denuncia, se hacen anuncios y se habla de veredictos y resoluciones”, dijo Pesántez.

No obstante, añadió que si existen cambios respecto del original aprobado por la Asamblea, el hecho debería ser investigado, pero una eventual decisión de frenar el referéndum es de carácter político.

En esta misma línea se pronunció Jalhk, quien agregó que la persona interesada en hacer ese tipo de denuncias deberá medir cuál es el delito penal que se cometió, porque de presentarse la denuncia el caso deberá ser analizado por fiscales expertos en identificar las acciones judiciales que puedan o no iniciarse.

Según Jalhk, si se lee adecuadamente el proyecto, en el capítulo de Justicia se verá que existe una reingeniería institucional en la que se definen atribuciones y se superan falencias que en otras ocasiones generaron pugnas entre las instituciones por falta de precisión de competencias.

La nueva Carta Política corrige esos defectos, dijo, como los producidos entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, especialmente en campos administrativos. Ahora la CSJ conserva las atribuciones en el campo jurisdiccional y el CNJ las administrativas. “No hay mutilación de competencias”.

Tampoco, dijo, habrá revisión de fallos por la Corte Constitucional, cuya existencia garantizará que los poderes del Estado se sometan a la Constitución, incluyendo al  judicial.

Mientras tanto, Ordóñez aseveró que en aras de la transparencia y de la democracia debería suspenderse el referéndum, aunque dijo que esa propuesta la dejará en el debate público porque no formalizará ese pedido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras defender el proyecto de Constitución, Pesántez reconoció que el texto tienen errores semánticos que son perfectibles y que deben ser enmendados en caso de que sea aprobado por el pueblo ecuatoriano. “Una constitución se somete a prueba con el transcurso del tiempo, de manera que los conceptos adelantados sobre ciertas instituciones no tienen razón de ser”.