Los textos constitucionales en materia electoral también sufrieron modificaciones, según el informe comparativo elaborado por el asambleísta de Futuro Ya, Pablo Lucio Paredes.

En la versión del texto del 24 de julio, el artículo 116 dice que “se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental para la campaña electoral”. No obstante, en la versión entregada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se aumenta “en todos los niveles de Gobierno”.

Virgilio Hernández (PAIS), presidente de la mesa de Participación  Ciudadana y Sistemas de Representación, que elaboró esos textos, asume toda la responsabilidad de las modificaciones las cuales califica como de “forma”.
“Se debe hacer la comparación con lo votado por las mesas. Yo recibí el articulado y se había omitido la frase "en todos los niveles de Gobierno". Entonces daba la impresión  que eso es solo  para el Estado central y no para las alcaldías y prefecturas”, dijo.

El espíritu del texto, según Hernández, es que no puede haber propaganda y publicidad de las instituciones públicas en campaña electoral.

Un alto funcionario del TSE sostiene que esta disposición es insuficiente para impedir el abuso de propaganda de los distintos niveles de gobierno (municipios, consejos provinciales y Gobierno central).

“Qué pasa con la publicidad antes de la campaña y con la propaganda indirecta que hacen con vallas o con anuncios de obras, licitaciones y demás. Eso debe ser regulado claramente en la nueva legislación”, señaló el funcionario.

Para Medardo Oleas, ex vicepresidente del TSE, la tesis que el dinero del Estado no se desvíe en promoción de alguna autoridad ya está vigente en la actual Constitución.

“El problema no es la falta de leyes sino la ausencia de jueces. Ahora  los vocales tienen todas las disposiciones legales para suspender los abusos de todos los actores políticos y funcionarios de Gobierno en esta campaña anticipada y no lo hacen”, recalcó.