La ejecución de un mexicano en Estados Unidos contrarió la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y mostró las carencias de la legislación internacional, que permite a los países ignorar sin mayores problemas los fallos del principal órgano judicial de la ONU, indicaron expertos.

Aunque los veredictos de la CIJ son vinculantes, su aplicación queda librada a los Estados que reconocen voluntariamente la jurisdicción de este tribunal.

Este sistema que permite a los Estados actuar impunemente no podría alterarse sin usurpar las soberanías nacionales, de acuerdo con los analistas.

"La legislación internacional no puede obligar a un Estado contra su voluntad, simplemente porque no tenemos un gobierno mundial, una asamblea legislativa mundial o un sistema judicial mundial", afirmó Jann Kleffner, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Amsterdam.

"La voluntad de la comunidad internacional no puede ser impuesta a los Estados de esa forma", agregó.

El Estado norteamericano de Texas ejecutó el martes pasado a José Ernesto Medellín, un mexicano declarado culpable de asesinato, ignorando una orden de la CIJ y un llamado de último minuto del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Medellín, de 33 años, fue ejecutado con una inyección letal por la violación y el asesinato de dos jovencitas de 14 y 16 años, en 1993, en Houston.

En 2004, la CIJ determinó que la condena de Medellín y de decenas de mexicanos confinados en los corredores de la muerte de Estados Unidos violaba la Convención de Viena, porque las autoridades no les habían informado sobre los derechos de los extranjeros a tener acceso a sus consulados y a recibir asistencia durante los juicios.

Luego de ese veredicto, el presidente George W. Bush, ordenó que esos casos fueran revisados, pero la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó en marzo que la Constitución no permitía esas revisiones.

El mes pasado, la CIJ ordenó a Estados Unidos que hiciera todo lo que pudiera para aplazar la inminente ejecución de cinco mexicanos, incluyendo la de Medellín, en espera de su veredicto final en otro intento de México para que los casos volviesen a examinarse.

Annemarieke Vermeer, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, dijo que la CIJ continuará encontrándose en terreno difícil en cuestiones tan cercanas a la esencia de la soberanía de los Estados.

"La corte no puede ordenar a un Estado que cambie sus sistemas", afirmó.

Los analistas concordaron en que la ejecución de Medellín fue un golpe a la CIJ, pues puso en duda su vigencia.

Esto podría conducir a otros países a imitar a Estados Unidos cuando les convenga.

Este tribunal no tiene poderes para hacer acatar sus veredictos, y los Estados que los ignoren ponen en peligro su reputación y los acuerdos bilaterales con otras naciones.

En otro famoso desaire a la CIJ, Israel ignoró en 2004 el veredicto que consideraba ilegales porciones de la barrera de seguridad que el Estado hebreo estaba construyendo en territorio palestino y ordenaba su destrucción.

"Aunque no haya otra razón, los gobiernos deben respetar los veredictos de la CIJ en su propio interés a largo plazo", afirmó David Fathi, director del programa norteamericano de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.

"Aunque a un Estado no le guste un fallo de la CIJ, a todos les conviene a largo plazo tener un sistema internacional regido por el estado de derecho", subrayó Fathi.

Kleffner defendió a la CIJ, señalando que como institución sigue teniendo valor puesto que muchos de sus veredictos son aplicados, incluso los impopulares.

Aunque ya es tarde para Medellín, el veredicto en este caso seguramente obligará en adelante a Estados Unidos a cumplir con la Convención de Ginebra e informar a los presos extranjeros acerca de sus derechos.

"Muchos países son sensibles a las opiniones negativas en el ámbito internacional, no quieren pasar vergüenza", dijo Vermeer.

La CIJ seguirá siendo una forma viable de resolver disputas "porque es apolítica y una alternativa relativamente barata para el arbitraje internacional", sostuvo.

Desde el fallo de 2004, algunos Estados norteamericanos accedieron a revisar los casos de personas que aguardan en el pabellón de los condenados a muerte.

Texas se ha negado, alegando que sus tribunales no están obligados por el tratado de la CIJ, una afirmación que ha sido desestimada por los expertos.

El Congreso de Estados Unidos indicó que podría aprobar una legislación que permitiría que los Estados cumplieran con las órdenes de la CIJ.

"Creo que esto nunca hubiera sucedido sin el fallo de la CIJ", opinó Vermeer.