En el preámbulo de la Constitución de Montecristi al tiempo que se dice que se quiere construir un país democrático se invoca a Simón Bolívar y a Eloy Alfaro. Casi se puede decir que no merece seguir adelante, porque si los legisladores, redactores y dictadores (o sea los que dictan a los escribidores) consideran que el “Libertador” es un paladín de la democracia, ya sabemos qué es lo que tales señores entienden por esa palabra.

Bolívar fue un autócrata en los hechos, que se declaró dictador, que vino a Guayaquil a imponer su “revolución”, pasándose sobre el pueblo que había decidido en un plebiscito mantener la autonomía, y que terminó dictándose una Constitución que lo consagraba presidente vitalicio. Bien parecido, ¿no?… Tan temprano como en la carta de Jamaica (1815), cuando el triunfo se veía lejos, Bolívar negó la capacidad de las naciones latinoamericanas para gobernarse con sistemas democráticos y federales. Y añade “son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras de sí la tiranía”, la eterna justificación de todos los dictadores, según los cuales gobiernan en contra de su voluntad, solo son tiranos porque el pueblo les impone esa dura tarea. Y concluye que no puede haber una “democracia absoluta”, por “la extrema debilidad de este tipo de gobierno”. Se pueden llenar tomos con soluciones bolivarianas de esa laya.

Y Eloy Alfaro también calza en ese preámbulo porque, como ya lo estamos viendo ahora, resulta que la Iglesia no es que no puede intervenir en política, sino que no puede opinar. El alfarismo no fue un liberalismo, fue un jacobinismo y como tal confundió el laicismo con el anticlericalismo. Esta postura repercutió en la persecución de sacerdotes y en profanaciones de templos, en asesinatos y en la quema de libros. El laicismo no significa sacar a la Iglesia de la política, sino en separar la Iglesia del Estado.

Si la Constitución fuese nacionalsocialista (es nacionalista socialista, que es un poquitito diferente), o sea nazi, y privase de todos los derechos a los judíos, ¿estaría la Iglesia obligada a callar con el pretexto alfarista de que no puede intervenir en política? ¿No recibimos el otro día con gran entusiasmo al obispo Lugo, hoy presidente de Paraguay, que se metió “hasta acá” en política? ¿Y qué decir del padre Vega asambleísta? Teológicamente los prelados no solo que tienen el derecho de opinar en política, sino además la obligación ética de advertir los desvíos de lo que consideran contrario a sus principios, ¿sino para qué están? ¿Para bendecir las obras reinauguradas por el gobernante de turno?

Entonces, si queremos construir un país laico y democrático hay que expurgar de todo elemento jacobino y bolivariano a la vida nacional y a la Constitución del Estado, o sea superar la intolerancia y el autoritarismo. Eso es lo que querían decir el Quiteño Libre y la Revolución Marcista cuando hablaban de libertarse de los libertadores.