Los ex asambleístas del bloque gubernamental deben estar molestos. No les faltaría razón, porque después de ocho meses de hacer todos los méritos posibles, de quinientas y tantas levantadas automáticas del brazo y de aguantar estoicamente días que duraban treinta horas, al último momento llega una comisión más poderosa que el propio politburó, escribe lo que le da la gana y manda a la basura el texto que ellos habían producido y aprobado. Si no muestran su disgusto es solo porque saben que el primer deber de todo revolucionario es mantener en alto la bandera del pragmatismo, principio básico de la revolución ciudadana al que antes de esta llamaban oportunismo.

Lo que para los ex asambleístas podría ser un asunto de dignidad personal (en caso de que reflexionaran sobre ello), se transforma en un problema de grandes dimensiones en lo político y constitucional. Para entenderlo hay que ir, en primer lugar, a los últimos días de la Asamblea, los del insomnio y la votación en paquetes de cientos de artículos. En ese momento, así como el politburó venció al ex presidente Acosta, alguna fuerza superior venció al reglamento. Lo que se aprobaba en el pleno no era lo mismo que se trasladaba al cuerpo final.
Por ahí se caían artículos y se sumaban otros. Una palabra por aquí, una coma por allá, cualquier cosa pequeña de esas que en términos de leyes pueden significar cárcel donde se ha puesto libertad. Lo cierto es que desde ese momento ya hubo más de un texto. Solo hay que mirar las diferencias entre los del 19 y el 24 de julio.

En segundo lugar, hay que ir más atrás, al comienzo de todo, para recordar que los electores se pronunciaron por la instalación de una Asamblea Constituyente. Esto significaba elegir a quienes elaborarían un proyecto de Constitución. Eran los representantes de la voluntad popular y nadie más que ellos debían hacerlo. Sin embargo, eso quedó anulado con lo ocurrido no solamente en los últimos días de funcionamiento de la Asamblea, cuando personas ajenas a ella intervenían en la redacción final, sino incluso después de su clausura. Al mencionado cambio de los artículos se sumó la acción de la Comisión de redacción de la Constitución que, como su denominación lo indica claramente, debía encargarse exclusivamente de los aspectos de forma.
Pero, sobrepasando todas sus atribuciones, esa Comisión se ocupó, como lo dijo sin rubor uno de sus integrantes, de “sincerar” el texto constitucional. Eso significó introducir cambios de fondo, de verbos y de sujetos, no solo de adjetivos y de gerundios. “Es probable que el cambio de redacción lo hayamos hecho nosotros por la necesidad de adecuar el texto a una realidad factible”, dijo el comisionado en prueba clarísima de la apropiación de  funciones que exclusivamente les correspondía a los asambleístas. Que ahora el ex presidente Cordero –en su exitoso esfuerzo de parecerse a los viejos políticos–    lo presente como texto válido solo demuestra que la ley sigue siendo la plastilina con que juega la política.